El 15 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Texas dictaminó que una citación legislativa no puede utilizarse para detener una ejecución, luego de que legisladores de ambos partidos intentaran posponer la inyección letal de Robert Roberson mediante esta estrategia.
Roberson, condenado en 2003 por la muerte de su hija de dos años, Nikki Curtis, estaba programado para ser ejecutado el 17 de octubre. Sin embargo, días antes, el Comité de Jurisprudencia Penal de la Cámara de Representantes de Texas emitió una citación para que Roberson testificara en el Capitolio estatal, lo que se interpretó como un intento de retrasar su ejecución.
En su fallo, el juez republicano Evan Young escribió: “Bajo estas circunstancias, la autoridad del comité para obligar a testificar no incluye el poder de anular el proceso legal programado que conduce a una ejecución”. La Corte Suprema de Texas aclaró que no se pronunciaba sobre la culpabilidad o inocencia de Roberson, ya que esas cuestiones corresponden a los tribunales penales, los cuales han rechazado sus apelaciones.
Roberson fue condenado por presuntamente causar la muerte de su hija mediante el síndrome del bebé sacudido, una teoría médica que ha sido cuestionada en años recientes. Sus abogados y varios expertos médicos argumentan que su condena se basó en evidencia defectuosa y que Nikki podría haber fallecido debido a complicaciones de una neumonía severa.
El representante Joe Moody, quien ha liderado los esfuerzos para detener la ejecución de Roberson, afirmó que retrasar la ejecución con la citación “nunca fue nuestra intención específica” y añadió que la corte “acertadamente coincidió” en que la citación y la demanda eran válidas. Moody insistió en que Roberson aún podría ser llamado a testificar, ya que el fallo “reforzó nuestra creencia de que el Comité puede obtener el testimonio del Sr. Roberson y dejó claro que espera que el poder ejecutivo del gobierno nos facilite hacerlo”.
A pesar del fallo, la ejecución de Roberson aún podría ser pospuesta si el gobernador Greg Abbott le concede un indulto de 30 días. Este caso ha resaltado las críticas al sistema de justicia penal y la aplicación de la ley estatal contra la “ciencia basura”, que busca revocar condenas basadas en evidencia científica obsoleta.
