Razones, por: Jorge Fernández Menéndez.
La forma en que se aprobaron leyes, se desaparecieron
instituciones, normas y se modificaron sistemas de financiamiento público; la
capacidad de destrucción que se vivió en la Cámara de Diputados (y, en parte,
en la de Senadores) en los últimos días no tiene parangón. Las fracciones de
Morena y sus aliados han impuesto reformas como si no fuera a haber mañana. En
horas y sin pasar siquiera por comisiones, se aprobaron hasta nueve leyes en
estilo fast track, algunas de ellas de enorme importancia sin que muchos
diputados las hubieran siquiera leído.
Vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo que se
cambió, sin consenso y sin siquiera debatir, en apenas unas horas.
Se le dio el control del espacio aéreo a la Defensa
Nacional. Es un tema que ya había sido tratado y, como lo recordó un cable que
fue sustraído a la seguridad nacional de Estados Unidos, que había provocado un
“potencial de empeoramiento de las tensiones” entre las Fuerzas Armadas de
México, lo que “probablemente exacerbará su rivalidad existente (entre Ejército
y Marina), y disminuirá aún más su capacidad para realizar operaciones
conjuntas”. Esas diferencias son reales y, finalmente, se ha impuesto la visión
planteada por la Defensa Nacional y que gira en torno a tener el control por
las capacidades de intercepción y operación de la Fuerza Aérea. Como en muchas
otras cosas, no creo que en estos puntos específicos de seguridad y control del
espacio aéreo estemos ante una mala reforma. Lo que no se entiende es por qué
no se pueden negociar sus términos ni siquiera dentro, mucho menos fuera, del
gobierno.
Otro tema controvertido es la ley que le da a la
Defensa la concesión por tiempo indefinido del Tren Maya. Ocurre cuando se está
tratando de acortar concesiones a privados e incluso de expropiar tramos de
empresas de ferrocarriles. ¿Debe tener a perpetuidad la Defensa la concesión
del Tren Maya? No lo creo, para todo se necesitan límites y deben ser los
gobiernos futuros, luego de un plazo razonable como en cualquier otra concesión
del sector, los que decidan.
La desaparición del Conacyt es una tragedia. La
doctora Álvarez-Buylla se salió con su deseo de acabar con la principal
instancia científica del país, quitarle su presupuesto, su autonomía,
convertirla en un área más dependiente de la oficina de asesores del Presidente
de la República, con participación en su Consejo de la Defensa, la Marina, y
otras áreas de seguridad y de gobierno. Olvidémonos de la autonomía, de la
colaboración con empresas privadas, incluso de las becas del Conacyt que permitieron
que tantos jóvenes, como en su momento la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
pudieran acceder a sus estudios en el extranjero. Se acabó, dice la iniciativa
aprobada, con “la ciencia neoliberal”, léase como lo que es: se acabó con la
ciencia en el sector público. Es reemplazada por la ideología.
El tema de la Ley Minera, aprobada también sin
consenso alguno, es muy delicado. La ley tiene uno o dos capítulos positivos,
pero otros, los sustanciales, pueden ser catastróficos para el sector, se trata
de estatizar en muchos ámbitos, se le quita a la iniciativa privada la
posibilidad de explorar (para equiparar la exploración actual del sector
privado, el servicio geológico nacional, el único que ahora podrá hacerlo,
tendría que invertir unos 400 millones de dólares anuales, ¿usted cree que está
en condiciones políticas, financieras y materiales de hacerlo?). La ley ya
generó fuertes controversias con Estados Unidos y, sobre todo, con Canadá,
habrá paneles en el T-MEC y hay una distancia notable con las empresas mineras
mexicanas. Y como un coletazo colateral, parece haber acabado con la compra de
Banamex por parte de Grupo México.
Se decidió que el 80% de los impuestos recaudados en
documentación turística irá a un fideicomiso de infraestructura, servicios ferroviarios,
puertos. Son 17 mil millones de pesos que terminarán, en realidad, en la
construcción del Tren Maya —que se ha convertido, como la refinería en Dos
Bocas, en un barril sin fondo—, para tratar de concluirlo antes de las
elecciones de 2024.
Desaparecieron Financiera Rural, otro barril sin fondo
por los malos manejos de anteriores administraciones, pero muy destacadamente
por la actual: desaparecen miles de millones de pesos que no se sabe a dónde
fueron a parar y se deja al campo sin financiamiento.
Se regresaron las unidades administrativas del
gobierno federal a la Función Pública, como estaban antes de enviarlas a la
Oficialía Mayor de Hacienda y convertirlas en un embudo en las compras y la
operación gubernamental. La gran reforma es regresar a 2018.
La única reforma que tuvo apoyo es la de los llamados
montadeudas, con castigos mayores a quienes realizan esos fraudes financieros.
La reforma más importante, y de la que ya hemos hablado, es la de la
desaparición del Insabi, el mayor fracaso de esta administración, que dilapidó
más de 400 mil millones de pesos sin lograr ni uno solo de sus objetivos y
provocando un lapidario desabasto de medicinas en el país. Nace, por ley, el
IMSS-Bienestar para tratar de paliar el desastre.
Y, para acabarla, en el Senado y de última hora,
Alejandro Armenta, presidente de la Cámara alta, metió una iniciativa para, de
plano, desaparecer el Inai y todo el sistema nacional anticorrupción. ¿Para qué
queremos obligar a informar y vigilar las finanzas públicas en el tramo final
de un sexenio?
