En una entrevista realizada por La Revista Peninsular, el analista político Federico Berrueto reflexionó sobre el asesinato de dos funcionarios muy cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, un hecho que sacudió a la opinión pública y abrió interrogantes sobre la relación entre política, gobernabilidad y crimen organizado en la capital del país.
Desde el inicio de la conversación, Berrueto señaló que las autoridades tienen más información de la que han compartido hasta el momento, aunque es posible que la reserva de datos obedezca a la necesidad de fortalecer pruebas y consolidar acciones judiciales antes de hacerlas públicas. Aun así, destacó que existen elementos reveladores en lo que ya se ha informado, especialmente porque, según él, el operativo estaba diseñado para asesinar a ambos colaboradores simultáneamente, lo que descarta la hipótesis de un ataque personal o aislado. “Esto no iba dirigido solo a uno de ellos; es un mensaje político que apunta directamente a Clara Brugada”, subrayó.
Berrueto recordó que los dos funcionarios asesinados habían acompañado a Brugada desde su etapa como alcaldesa de Iztapalapa, la demarcación más poblada de la capital y una de las zonas históricamente más conflictivas en materia de seguridad. El analista explicó que gobernar en esa región implica necesariamente una relación, aunque no siempre de complicidad, con estructuras del crimen organizado. Para él, el tamaño, densidad y complejidad social de Iztapalapa hacen que cualquier administración local deba interactuar con ese poder paralelo que se ha enraizado en la vida cotidiana de la zona. “Lo que se va prefigurando es una respuesta del crimen organizado asentado en Iztapalapa. Es una suerte de reclamo a Clara Brugada a partir de la identidad de los dos colaboradores que fueron ejecutados”, advirtió Berrueto, resaltando que el trasfondo no puede entenderse sin tomar en cuenta la influencia territorial del narcotráfico y otros grupos delictivos en la periferia urbana de la Ciudad de México.
Otro punto relevante que expuso fue la dualidad en la conducción de las investigaciones. Aunque el caso atañe directamente al gobierno capitalino, Berrueto explicó que el control real no está en manos de Brugada, sino en la figura de Omar García Harfuch, actual responsable de gran parte de la estructura de seguridad heredada de administraciones anteriores. Recordó que García Harfuch fue víctima de un atentado en 2020 y que, por ello, su figura se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de seguridad local y federal. “En la conferencia de prensa, quien tuvo la voz cantante no fue ni el jefe de policía ni la fiscal, sino García Harfuch. Eso refleja que lo sucedido no se limita a un caso criminal aislado, sino que afecta al sistema político de la Ciudad de México y, en consecuencia, al país entero”, puntualizó.
Para Federico Berrueto, uno de los errores frecuentes en el análisis público de la violencia es reducirla a cifras estadísticas. Si bien en ocasiones los gobiernos presumen la disminución de homicidios dolosos, no siempre se considera la “calidad” de esos asesinatos. En este caso, resaltó que lo ocurrido se inscribe en una tendencia creciente: los homicidios selectivos dirigidos contra autoridades municipales y estatales. “No basta con decir que bajaron los homicidios. Lo que estamos viendo es que cada vez son más frecuentes los crímenes del crimen organizado contra autoridades políticas. Y eso envía un mensaje claro: pueden alcanzar a cualquiera, en cualquier nivel”, advirtió.
Finalmente, Berrueto dejó en claro que este tipo de atentados constituyen advertencias directas al sistema político mexicano, pues muestran que los grupos criminales no solo buscan controlar territorios y economías ilícitas, sino también influir y presionar de manera frontal a las estructuras de gobierno. El asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada, entonces, no debe interpretarse únicamente como un hecho trágico o como una estadística más de la violencia nacional, sino como un mensaje calculado de intimidación y poder, cuyo impacto puede trascender los límites de la Ciudad de México y tener repercusiones a nivel nacional.
Concluyó que lo ocurrido exige transparencia, coordinación efectiva entre autoridades y un replanteamiento de la estrategia de seguridad, pues la falta de respuestas claras alimenta la incertidumbre ciudadana y fortalece la narrativa de que el crimen organizado se ha consolidado como un actor con capacidad de incidir en la política mexicana.
