Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
Me decían mis amigos que estaba prejuiciado, que debía
concederle a Andrés Manuel López Obrador una oportunidad para acreditar los
resultados de su gobierno, las cosas que haría y cómo el país no podía estar
peor de cómo lo estaba recibiendo.
La realidad es que me parecía que José Antonio Meade era
el mejor para el cargo, nunca fue el mejor candidato pero acreditaba todos los
conocimientos que me hacían verlo como una persona confiable precisamente
porque sabía de su honradez y su lealtad.
Ricardo Anaya nunca me terminó de gustar. La manera como
se quedó con la candidatura, lo que hizo al interior del PAN, su manera de
apoderarse del partido y de sus órganos de conducción me pareció de mala
persona y precisamente no lo imaginaba como presidente: qué miedo por lo que
había demostrado era capaz. Sin embargo, haberle inventado todos los delitos
que terminaron por desestimarlo… si alguno hubiera sido cierto López Obrador no
hubiera tenido que armarle lo de Odebrecht.
Pero el 2018 no se
entiende sin el 2012. Los datos son contundentes cuando se trata de fundamentar
estas aseveraciones, comenzando con aquellos que durante la campaña
presidencial de 2012 advertían de los riesgos de elegir al peor de los
candidatos, a aquél de ‘cara bonita’ y ‘pocas ideas’, aquél que sin ser el
‘cerebro’ de su grupo político, crearía la oportunidad para que quienes le
apoyaron en su vertiginosa carrera política se enriquecieran al amparo del
poder político. Vázquez Mota tampoco era una candidata que creciera. Ya no era
la que acreditó su valía en el gobierno de Vicente Fox y a López, jamás le tuve
fe y menos confianza.
Cifras del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la
población de mexicanos que vivía con un ingreso menor a la línea de bienestar
subió de 60.6 a 62 millones entre el 2012 y 2016, es decir, la mitad de la
población vivía en pobreza laboral.
Hoy, el número de personas en situación de
pobreza aumentó en 3.8 millones de personas en comparación con 2018,
periodo en el que inició la actual administración de Andrés Manuel, de
acuerdo con información del Coneval.
El Observatorio de
Salarios de la Universidad Iberoamericana, según su director, doctor Miguel
Santiago Reyes Hernández, señala que 66.5% de los jóvenes que trabajaban se
encontraban en precariedad laboral debido que al bajo salario se suma que no
cuentan con las prestaciones de ley y que el 58% trabaja sin contrato. Datos de
espanto de ese gobierno.
El reporte Semáforo
de Trabajo Digno evidenció
que, si bien en México hay casi 75 millones de personas en edad y con
posibilidad de trabajar, sólo 9 millones tienen un trabajo decente.
Sólo el 25% de quienes viven en el norte de México tiene
un empleo digno.
Que no es otra cosa más que ganar un salario suficiente para sostener a una
familia y contar con seguridad social. Pero en el resto del país la situación
es peor, en el Valle de México sólo el 7% cuenta con ello y el 10% en el sur
del país, el reporte es de junio de 2021. Pareciera que se retrocedió en el
tema.
La corrupción y la inseguridad, los excesos de la familia
presidencial y la falta de delicadeza. La justificación a acciones inaceptables
y los señalamientos constantes del abuso del poder fueron minando a un
presidente que no controló a los gobernadores que él ayudo a llegar a los
cargos y que, en reciprocidad, lo apoyaron para llegar a la presidencia y quizá
por eso se sintieron en libertad de acción y de corrupción: Peña se las debía,
ellos lo hicieron presidente.
El desgaste del país era tal que ni siquiera
la firma del Pacto por México, que reunió a las principales fuerzas políticas
del país, en marzo de 2013, contribuyó a recuperar la fuerza del Estado o la
autoridad de la presidencia de la República.
Entre 2012 y 2018, en México ocurrió lo que
Giovanni Sartori observó en los regímenes presidenciales: una oscilación
constante entre el abuso del poder y la deficiencia del poder.
El
periodo presidencial 2012-2018 pasará a la historia como el más corrupto y el
más frívolo de la historia del PRI, pero, antes de hacer un juicio sumario de
estos años, habrá que preguntarse cuáles fueron las condiciones institucionales
que propiciaron los comportamientos francamente delictuosos de más de un
funcionario público de alto nivel y de varios políticos. También habrá que
reflexionar sobre las consecuencias no deseadas que tuvieron las reformas
liberales sobre el Poder Ejecutivo.
Con
todo ese escenario, los comicios de 2018 parecía claro que López Obrador se
llevaría el triunfo. El país que teníamos en esos días había sido por mucho con
los peores números de violencia, de corrupción y de cinismo. A Peña no había
día que no se le encontraran frases impresentables, acciones inverosímiles y
actos de corrupción a los miembros del gabinete que se dividió entre dos
virreyes: Videgaray y Osorio Chong que nunca terminaron de entender que su jefe
era Peña y trataron, de todas maneras, de hacer valer sus proyectos pasando
sobre el otro y enredando la gobernabilidad del país de manera desastrosa.
Sin
embargo, hoy el análisis de esos años nos permite entender por qué ganó López
Obrador, pero no termina de explicarnos por qué quien hizo campaña 18 años llegó
sin tener en mente y por escrito un proyecto de gobierno asumiendo que gobernar
“es cosa de sentido común” y que la economía “no es una ciencia, hasta una
señora administra bien su casa”.
A
tres años de gestión, a los que me pedían paciencia creo que ya puedo, con toda
razón, exponerles el por qué de mis dudas hoy certezas.
Vivimos
en el peor momento de la inseguridad y la economía galopa anulando los aumentos
salariales, un acierto, que se habían logrado para el país. Casi 100 mil
asesinatos culposos, solo en agosto pasado hubo 107 femicidios.
La
economía que crecía a un “mediocre” 2.5 por ciento en sexenios pasados hoy no
sólo no crecerá sino que estará en cero; lo mismo pasa con el número de pobres
que subió en 15 millones.
El
presidente está en el ojo público al quedar desenmascarado el uso de Sembrando
Vida como un programa que ha favorecido a sus hijos al extremo de que tres
meses después de su victoria electoral fundaron la fábrica de Chocolate Rocío;
más de 966 contratos de Sedena apócrifos hechos con empresas fantasma y otras
de dudosa procedencia usadas por el ejército para la concreción de las grandes
obras presidenciales: el aeropuerto Felipe Ángeles. 70 por ciento de esos
contratos asignados por vía directa. Sólo 28 empresas de las 432 contratadas
están en el registro único de proveedores del gobierno federal y 10 por ciento
en las listas de Sedena.
Nadie
recibió más contratos como Luis Soto Montoya recibió $78.8 millones para
comprar material hidráulico desde una tlapalería; Consorcio Constructivo y
Arquitectónico de Puebla está señalada por el gobierno de Puebla como investigada
por incumplimento, según investigación de Latinus.
Al
final, parece que sí podíamos estar peor…
