La Fiscalía de Corea del Sur solicitó formalmente al tribunal la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por su responsabilidad en la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, un episodio que desencadenó una profunda crisis política, provocó protestas masivas y culminó en su destitución e inicio de procesos judiciales por cargos graves, incluidos insurrección y abuso de poder. La petición, realizada por un fiscal independiente ante el Tribunal Central de Distrito de Seúl, se basa en la acusación de que Yoon lideró un intento de “auto-golpe” para prolongar su mandato y socavar el orden constitucional, movilizando tropas y declarando la ley marcial de manera sorpresiva en la capital surcoreana.
La solicitud de pena capital se produjo durante las audiencias finales del juicio por rebelión, donde los fiscales argumentaron que las acciones de Yoon constituyeron una amenaza directa a la democracia y al sistema constitucional de Corea del Sur. Según la acusación, el entonces presidente, al decretar la ley marcial, buscaba controlar el poder judicial y legislativo para mantener el control político frente a la oposición. Los fiscales subrayaron que Yoon mostró “ningún remordimiento” por su conducta y que sus actos pusieron en peligro el orden democrático, llegando a calificarlos como una insurrección motivada por una “sed de poder destinada a instaurar una dictadura”.
El episodio que motivó esta petición se remonta al 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon anunció por televisión que impondría ley marcial, desplegando fuerzas armadas en torno al Parlamento y otras instituciones clave del Estado. La medida fue revocada solo horas después, cuando legisladores y manifestantes se movilizaron para bloquear la acción, logrando que suficientes diputados accedieran al hemiciclo y votaran en contra del decreto. A raíz de estos hechos, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la imposición de la ley marcial y procedió a destituir a Yoon en abril de 2025, tras meses de agitación social y política.
La pena de muerte sigue siendo legal en Corea del Sur, aunque el país mantiene una moratoria no oficial sobre ejecuciones desde 1997 y no ha llevado a cabo ninguna desde entonces. Los fiscales sostienen que la gravedad de los hechos, al involucrar el despliegue de fuerzas armadas contra las instituciones democráticas, obliga a solicitar la sanción máxima prevista en el código penal para el delito de insurrección. Sin embargo, expertos legales observan que, incluso si se impone la pena de muerte, es poco probable que se ejecute en la práctica, y especulan que podría conmutarse por cadena perpetua u otra sentencia severa acorde con la jurisprudencia vigente.
Además de los cargos de rebelión, Yoon enfrenta múltiples procesos judiciales por otros delitos, incluidos abuso de poder, obstrucción a la justicia, perjurio y acusaciones relacionadas con la manipulación de investigaciones oficiales. Organismos de derechos humanos internacionales han expresado preocupación por la petición de pena capital, señalando que, aunque la rendición de cuentas es esencial en un Estado de derecho, imponer la pena de muerte representa un retroceso en materia de derechos humanos y justicia penal, argumentando que castigos irreversibles pueden socavar principios fundamentales de dignidad y derechos civiles.
El veredicto en el caso principal de insurrección está programado para mediados de febrero de 2026, cuando el tribunal emitirá su decisión sobre si acoge la petición de los fiscales o opta por una pena alternativa como la prisión de por vida. La resolución de este caso será observada de cerca tanto dentro como fuera de Corea del Sur, dado que marca un momento sin precedentes en la historia política del país, donde un expresidente enfrenta la posibilidad de la pena de muerte por su actuación en un intento de alterar el orden democrático.
