La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias tras la presentación de una denuncia en su contra por presuntas agresiones sexuales, acoso y explotación laboral formulada por dos exempleadas que trabajaron en sus mansiones en el Caribe, según informan medios europeos y estadounidenses. Las acusaciones, que han generado una amplia cobertura internacional, señalan que los hechos ocurrieron en 2021 cuando las denunciantes prestaban servicios domésticos y de fisioterapia en las residencias del artista en Punta Cana, República Dominicana, y en las Bahamas, lo que ha llevado a las autoridades españolas a estudiar la competencia judicial para estos posibles delitos. La denuncia fue presentada el 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha incoado diligencias de investigación penal con carácter reservado mientras se protege a las presuntas víctimas.
Según los relatos recogidos en una investigación periodística de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, las acusadoras, identificadas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad, describen un ambiente de trabajo marcado por el control, la intimidación y las agresiones tanto físicas como verbales, así como tocamientos no consentidos y encuentros sexuales forzados. Una de las mujeres asegura haber sido sometida repetidamente a actos sexuales sin consentimiento, incluidos tocamientos y penetraciones, mientras desarrollaba sus labores en las mansiones del cantante, afirmando que las situaciones se producían “casi todas las noches”.
Además de las agresiones sexuales, las denunciantes señalan condiciones laborales abusivas, con jornadas extenuantes de hasta 16 horas diarias sin descanso ni contrato formal, vigilancia constante de sus movimientos y prohibiciones para abandonar las propiedades. Estos elementos han llevado a que la denuncia incluya posibles delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, así como agresiones a la libertad e indemnidad sexuales y vulneración de derechos laborales, conforme a lo planteado ante la Fiscalía por la organización Women’s Link Worldwide en representación de las víctimas.
La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía española se basa en la facultad de los tribunales nacionales para conocer de delitos cometidos en el extranjero cuando el presunto responsable es de nacionalidad española y los hechos son punibles en el lugar donde ocurrieron, siempre que no exista absolución previa en el extranjero ni secciones de indulto cumplidas, y que la Fiscalía o la parte agraviada presenten la querella. En este caso, la Fiscalía mantiene reserva sobre los detalles mientras se avanza en la investigación preliminar para preservar la protección de las denunciantes.
Las reacciones en España ante estas acusaciones han sido profundas y diversas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido que la investigación se lleve a cabo de manera exhaustiva y sin dilaciones, destacando la importancia de atender con rigor las denuncias de violencia sexual independientemente de la reputación o el estatus social del acusado. También ha señalado que la Ley española protege a las posibles víctimas y enfatizó que la falta de consentimiento en actos de esta naturaleza constituye agresión.
El Gobierno español ha expresado su compromiso de “ir hasta el final” en el proceso, subrayando que no debe haber espacios de impunidad para casos de violencia, acoso o agresión contra las mujeres, aunque no se ha aclarado de momento si se evaluará la retirada de reconocimientos oficiales, como la Medalla al Mérito en las Bellas Artes que el cantante recibió en 2010. Líderes políticos de diversos espectros han aportado opiniones encontradas sobre el caso, con algunas voces pidiendo que se le retiren honores públicos y otras defendiendo la presunción de inocencia de Iglesias hasta que los hechos se demuestren ante la justicia.
Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas españoles más reconocidos internacionalmente, con una carrera de décadas y ventas superiores a los 300 millones de discos. Hasta el momento no ha habido una declaración pública del cantante ni de sus representantes sobre las acusaciones, y los intentos de obtener una respuesta oficial han sido infructuosos. La investigación continúa en sus fases iniciales, con la fiscalía evaluando las pruebas y testimonios presentados para determinar si se procede con acciones penales formales en contra del cantante.
