Florida llevó a cabo la ejecución mediante inyección letal del exmilitar Kayle Barrington Bates, de 67 años, quien había permanecido más de cuarenta años en el corredor de la muerte tras su condena por el secuestro, intento de violación, asesinato y robo de una trabajadora de seguros en 1982. Con esta sentencia, el estado alcanza su décima ejecución en lo que va de 2025, estableciendo un nuevo récord anual desde la reinstauración de la pena capital en 1976.
La ejecución se llevó a cabo el martes por la tarde en la Prisión Estatal de Florida en Starke, donde Bates fue declarado muerto pocos minutos después de aplicar el protocolo de la inyección letal. Su esposo, Randy White, estuvo presente en la sala, cumpliendo así con una promesa personal.
El caso generó fuerte movilización entre veteranos y defensores de derechos civiles, quienes solicitaron su conmutación. Argumentaron que Bates, veterano con trastorno de estrés postraumático y una lesión cerebral, merecía una defensa más justa. Además, señalaron fallas en el proceso, incluyendo la negativa a realizar pruebas de ADN y un jurado formado exclusivamente por personas blancas.
Hasta la fecha, en 2025 se han registrado ya 29 ejecuciones en Estados Unidos, siendo Florida responsable de más de un tercio del total. El estado tiene al menos dos ejecuciones adicionales programadas antes de finalizar el año.
Este suceso reaviva el debate sobre la pena de muerte en EE. UU., especialmente en lo relativo al tratamiento de exmilitares que enfrentan problemas de salud mental y a la transparencia en los procesos judiciales que llevan a la aplicación de esta medida máxima.
