La LXII Legislatura avaló
la creación de la Contraloría Interna del Congreso de Yucatán, legalizar los
mecanismos para el Parlamento Abierto y abrir la posibilidad de sesiones
virtuales en caso de presentarse alguna contingencia, como en los tiempos
actuales.
En la sesión ordinaria de este miércoles, las siete fuerzas políticas aprobaron
por unanimidad modificar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su
reglamento, así como la Constitución Política de Yucatán, para hacer posibles
estas nuevas herramientas para la labor legislativa.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera
Hernández (PRI), argumentó que el Parlamento Abierto además de ser parte
fundamental en los procesos de transparencia, abre de manera importante la
participación ciudadana, esto al hablar en favor de la iniciativa en la
materia.
Además, en el tema de sesiones fuera del recinto legislativo, señaló que
su aprobación abre la posibilidad de trabajar en un entorno de emergencia
además de abrir la posibilidad de utilizar también las tecnologías de la
información.
Así mismo, añadió que referente a la Contraloría Interna, al ser aprobada,
garantiza que exista un órgano que evalúe las políticas económicas y
administrativas, que prevenga cualquier acción contraria a la ley y que también
permita calificar, junto con la sociedad, el actuar de este órgano legislativo.
“Son tres temas que aparentemente nos llevan a la palabra modernizar, que no es
estar a la moda, sino es avanzar junto con la sociedad para tener nuevas
herramientas más útiles y que podamos realmente, como órgano legislativo, dejar
no solamente nuestras buenas intenciones, sino dejar una nueva forma de actuar
dentro de este órgano legislativo”, determinó.
En su turno, Silvia López Escoffié (MC) manifestó que establecer el Parlamento
Abierto es un hecho histórico para Yucatán, por lo que reconoció la labor de la
Secretaría General del Congreso estatal, por el trabajo de este y todos los
dictámenes abordados este día.
Desde su curul, Karla Franco Blanco (PRI) indicó que el Parlamento Abierto
implica realizar compromisos puntuales para garantizar la transparencia, la
participación ciudadana y la rendición de cuentas, al igual que responde a las
peticiones de la sociedad civil organizada.
En la plenaria, también se aprobó por unanimidad integrar un artículo
transitorio a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que,
por única ocasión, el proceso electoral 2020-2021 inicie la primera semana del
mes de noviembre del año previo al de la elección.
Así mismo, las diputadas y los diputados avalaron por unanimidad la
modificación del artículo 115 del Código Penal, que establece que no procederá
el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo en los casos del delito
de violencia familiar y su equiparable; además, si se otorga, se eliminará la
acción penal de los delitos por querella, siempre que el inculpado no
manifieste su oposición dentro de tres días.
Sobre el tema, Luis Borjas Romero (PRI) informó que el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anunció que de enero a abril de este
año se realizaron 88,803 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de
violencia contra la mujer, 53% más que las ocurridas en el mismo período de
2019.
Agregó que 1,734 fueron de Yucatán, ocupando la posición número 15 entre los
diversos estados, pero si se toma en cuenta que es una entidad con poca
población en comparación a otros, por cada 100 mil mujeres, se realizaron 151.2
incidencias, por encima de la media nacional de 136.
“No queremos que exista impunidad para quienes sufren violencia familiar, así como tampoco queremos que quienes tengan la obligación de cumplir mediante una
pensión alimenticia fijada por los jueces familiares se salgan con la suya y
evadan esa responsabilidad”, reiteró.
De la misma manera, fue aprobado por unanimidad las reformas a las fracciones
V, VI, y adición de la VII, al artículo 325, también del Código Penal, en
materia de fraude tratándose de la insolvencia voluntaria del deudor
alimentista.
María Moisés Escalante (PRI) aclaró que el dictamen plantea duplicar la sanción
cuando una persona cometa el delito de fraude, simulando un estado de
insolvencia con objeto de eludir las obligaciones que tenga frente a sus
acreedores yse hiciera con la intención de afectar las resoluciones en materia
de pensión de alimentos, independientemente de las que pudieran resultar por la
comisión de cualquier otro delito.
Por otro lado, fue avalado por unanimidad las reformas a la Constitución
Política del Estado, en materia de educación, presentada por el Ejecutivo
estatal; así como por mayoría, con un voto en contra de Morena, modificar las
Leyes de Ingresos de los municipios de Tizimín, Sinanché, Mama y Sotuta.
De la misma manera, fue avalado por mayoría crear la Ley de Hacienda del municipio de Tixpéhual, de la cual, Marco Rodríguez Ruz (PRI), destacó que se genera un
instrumento que le permita tener legalidad en su administración y definir
conceptos de interés público, que servirá a las instancias correspondientes en
la tarea de vigilar la distribución de los recursos.
Por último, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad expedir la Ley de
Emprendedores, cuyo promovente, Víctor Sánchez Roca (PAN), mencionó que se
considera la creación de políticas públicas incluidas en el plan estatal de
desarrollo en materia de emprendedores como una obligación.
Además, continuó, se solidifica la Red Estatal de Emprendedores, para incluir
al gobierno estatal, municipales e instituciones de educación superior; se crea
la obligación de incluir en el Presupuesto de Egresos un porcentaje de
exclusivo para apoyo a los emprendedores, entre otros puntos.
“El mensaje para los emprendedores, ¡No se cansen, no se rindan, no es fácil,
pero los frutos valen la pena!”, enfatizó.
En el mismo sentido, Enrique Castillo Ruz (PRI) mencionó que esta Ley es
fundamental porque dará viabilidad y ayudará a fomentar más la inversión y el
bienestar de los yucatecos.
En asuntos generales, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo
Salazar (PRI), hizo un llamado a la sociedad en general a seguir informada a
través de medios oficiales y no caer en el engaño de “productos milagrosos” o
“charlatanes”, así como tomar las mejores decisiones ante la pandemia del
Covid-19, que salvaguarden la salud de quienes los rodean.
Lo anterior, al dar lectura a un oficio de la asociación de controladores
expertos del sureste, en el cual advierten la creación de nuevas empresas de
limpieza de origen desconocido o que cambian su giro actual para ofrecer
servicios de descontaminación contra el Coronavirus, que además se anuncian a
través de las redes sociales.
En otro tema, Luis Loeza Pacheco (Morena), presentó una iniciativa para
reformar y adicionar diversas fracciones a la Constitución Política de Yucatán
y a la Ley de Educación del Estado, para crear la asignatura de Igualdad de
Género y Grupos Vulnerables.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo domingo
31 de mayo, a las 11 de la mañana, para la clausura del Segundo Año de Sesiones
Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la
actual Legislatura.
Recomendaciones a la ASEY
En la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, sus
integrantes aprobaron por unanimidad enviar a la Auditoria Superior del Estado
(ASEY) un informe de observaciones y recomendaciones, que hace referencia al
artículo 12 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado.
El titular de la Unidad de Evaluación y Vigilancia de la ASEY, Jonathan García
Ramírez, detalló que los señalamientos buscan fortalecer la generación de
información de una manera más eficaz y con un impacto social de mayor alcance;
además de robustecer las actividades de la ASEY, de manera coordinada con el
Congreso de Yucatán.
La diputada Janice Escobedo Salazar (PRI), comentó que las propuestas versan en
las opiniones que se han presentado en el seno de esta comisión, así como
nuevas observaciones por parte del titular de la unidad; mientras que Milagros
Romero Bastarrachea (MC) y Miguel Candila Noh (Morena), señalaron que hay que
darle seguimiento para que la ASEY cumpla con estas disposiciones.
De la misma manera, los diputados aprobaron por unanimidad dos convocatorias
para la designación de un Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), así como para la
elección de dos integrantes del Consejo Consultivo del mismo organismo.
Además, se distribuyeron oficios de la ASEY, del Informe del avance de las
observaciones de la Cuenta Pública 2017 y 2018, con corte al primer trimestre
de 2020.
En asuntos generales, la diputada Milagros Romero, solicitó para la siguiente
sesión de la comisión, que la ASEY brinde un informe de las denuncias por daño
patrimonial, presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, para darle
seguimiento a su proceso.
Talla Baja
En comisión de Derechos Humanos, sus integrantes aprobaron por unanimidad el
proyecto de dictamen que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de
las personas con discapacidad y la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, ambas del estado, en materia de personas de talla baja.
Además, continuó el análisis de la iniciativa para expedir la Ley para Fomentar
y Promover el no desperdicio de alimentos en el estado, de la cual, Leticia
Euán Mis (Morena) y Felipe Cervera, presentaron observaciones al tema.
También, continuó el estudio de las iniciativas para crear la Ley de Desarrollo
Social, así como para reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado y el reglamento de la Ley del Poder Legislativo, en materia de
comparecencia del titular de la Codhey.
