Bitácora, por: Pascal Beltrán del Río.
La inseguridad es el peor flagelo que enfrenta la
sociedad mexicana.
No lo digo yo. Prácticamente no hay encuesta sobre los
problemas de México que no lo registre.
La posibilidad de sufrir un robo, asalto, secuestro,
agresión sexual o cualquier otro daño físico e incluso ser asesinado produce un
gran temor en la enorme mayoría de los habitantes de este país, más aún que
quedar en el desempleo o enfermar gravemente sin poder recurrir a atención
hospitalaria.
Según el Inegi, casi tres cuartas partes de la
población urbana se siente insegura, lo que ha conducido a que la gente cambie
de hábitos. Esto genera efectos perniciosos sobre su calidad de vida e incluso
sobre la marcha de la economía nacional.
Sería lógico, pues, que la inseguridad se abordara por
parte de los actores políticos como un asunto de Estado, como ha ocurrido en
otras naciones con el terrorismo u otras graves amenazas contra el bienestar de
la colectividad. Pero no. En México, la inseguridad se usa como tema de debate
político, para anotarse puntos en pos de ganar votos en la siguiente elección.
La mayor responsabilidad de esa anomalía recae en la
autoridad federal, pero trasmina hasta el más modesto de los ayuntamientos.
Mientras la casa común es saqueada e incendiada, los políticos se acusan unos a
otros de haber propiciado el desastre. En tanto, la población queda a merced de
los criminales, quienes gozan de una impunidad casi completa, ya sea porque
tienen acuerdos con gobernantes o tienen a éstos sometidos.
Nada refleja mejor lo que describo arriba que las
recientes acusaciones lanzadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto
López Hernández, contra los gobernadores de la oposición por incumplir con su
deber de proteger a la ciudadanía. Porque si bien es cierto que muy pocas
autoridades de este país pueden presumir de haberlo hecho bien, el titular de
Bucareli carece de autoridad moral para hacer dichos señalamientos, pues
representa al gobierno que tiene los peores resultados en materia de seguridad
desde los tiempos de la Revolución.
López Hernández debiera estar dedicado a su trabajo de
secretario de Gobernación y no andar en abierta promoción de su partido y sus
aspiraciones presidenciales. Mucho menos hablar sobre inseguridad, al menos en
tanto no se aclare por qué en los archivos hackeados a la Sedena aparecen
señalamientos contra funcionarios que él nombró cuando era gobernador de
Tabasco, quienes, a decir de esa información, tienen vínculos con un grupo de
la delincuencia organizada.
Otra inconsistencia es lo que ocurrió esta semana en
la conferencia presidencial, realizada en Ciudad Victoria. Dos días después de
que López Hernández la emprendió contra los gobernadores de oposición, el gobierno
federal presumió los datos de la lucha contra la inseguridad en Tamaulipas,
como si no hubiera tenido que ver en ella la administración estatal que terminó
funciones apenas el 30 de septiembre.
Porque una de dos: O el gobierno federal es responsable
de los desaciertos en los estados o los gobiernos estatales tienen el mérito de
los aciertos. Porque, así como van las cosas, la próxima vez que ocurra algo
grave en Tamaulipas en materia de seguridad, van a salir con que es culpa del
tiradero que les dejó el neoliberalismo, por más que hayan dicho que el estado
trae buenos números.
Para la ciudadanía, el debate sobre si la
responsabilidad de este fracaso es del neoliberalismo o el lopezobradorismo —o
de la Federación o de los estados— es absolutamente estéril.
A ella, esos pleitos y actos de presunción de nada le
sirven. Lo que quiere son condiciones para vivir tranquilamente. Poder ir a
trabajar o llevar a sus hijos a la escuela y volver a casa sin temor a ser
asaltada o secuestrada o quedar en medio de una balacera. Y tiene derecho a
ello porque se lo garantiza la Constitución y porque paga impuestos.
BUSCAPIÉS
*¿Cuál será el temor para informar sobre el hackeo a
la Sedena? En Chile —cuyas Fuerzas Armadas también sufrieron la sustracción de
datos por parte del mismo grupo—, Maya Fernández, ministra de Defensa, nieta de
Salvador Allende, compareció ante el Congreso. ¿Por qué el Presidente no deja
que al general secretario le hagan una sola pregunta sobre el tema?
