Facetas de México, por: Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo.
En cuatro años del actual gobierno, sin que hayan
trascendido investigaciones formales ni castigo a los culpables.
Los faltantes económicos en SEGALMEX a finales de este
año, podrían ascender a 12 mil millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha
detectado irregularidades, por 10 mil 312 millones de pesos.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador,
insiste que “en este país se acabó con la corrupción; que la impunidad y la
defraudación fiscal no existen”, a la menor evaluación de auditoría, surgen
fraudes en diversos niveles de la administración pública, sin que se aplique la
justicia a los culpables y, lo insólito, que se premie con otro puesto de alto
rango dentro de la burocracia, a los jefes de las áreas defraudadas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
dependiente de la Cámara de Diputados, ha detectado irregularidades en gastos
federalizados, por 10 mil 312 millones de pesos en Cuenta Pública
correspondiente a 2021. Se han levantado 30 denuncias penales de asuntos de
“alto impacto”. Pero nadie sabe, nadie supo de castigos a los culpables.
Se realizaron 692 auditorías, relacionadas con el
ejercicio del presupuesto federal. El total de los montos por aclarar, 6,675
millones de pesos, corresponden a participaciones federales en estados y
municipios. A su vez, 2,913 millones 688 mil pesos, se ubican en el apartado de
desarrollo económico.
Son las empresas “productivas” del Estado, como
Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, las que más montos
pendientes tienen por aclarar, por un total de mil 837 millones de pesos.
En la segunda entrega de 692 informes individuales,
correspondientes a 102 auditorías de cumplimiento financiero, 26 de desempeño y
564 que involucran a ambos tipos de enfoques de la Fiscalización de la Cuenta
Pública de 2021, fueron entregadas por David Colmenares Páramo, titular de la
Auditoría Superior de la Federación, a la Cámara de Diputados, el 28 de octubre
de 2022.
Sobre los resultados de las auditorías, el funcionario
señaló ante los legisladores que se han presentado 30 denuncias penales relacionadas
con asuntos de “alto impacto”. Adelantó que continuarán haciendo el mismo
proceso donde se requiera, sin precisar sobre los implicados en las denuncias y
si éstas se relacionan como “desfalcos en Seguridad Alimentaria Mexicana”,
SEGALMEX, los cuales podrían ascender a más de 12 mil millones de pesos.
El tema de SEGALMEX fue analizado en una sesión
previa, en la que se aprobó el “formato de la entrega”. Al respecto, algunos
legisladores expresaron la necesidad de que comparezca el ex titular de dicho organismo
de gobierno, Ignacio Ovalle Fernández, ante las autoridades fiscales.
Actualmente Ovalle ocupa un puesto importante en la Secretaría de Gobernación,
después de que dejó un “agujero negro” en la administración de SEGALMEX.
Cada año de esta administración federal, la Auditoría
Superior de la Federación ha reportado irregularidades en el ejercicio del
presupuesto federal, sin que hayan trascendido investigaciones formales ni
castigo a los culpables, ni por parte de instituciones del gobierno federal ni
del Congreso de la Unión.
En la más reciente entrega de la revisión de la Cuenta
Pública 2021, la ASF señaló una larga lista de anomalías en la gestión
financiera tanto de Segalmex como de Liconsa y Diconsa. Los tres organismos son
los responsables del acopio y distribución de alimentos básicos en el país,
sobre todo en comunidades pequeñas y marginadas, además de que gestionan los
programas de apoyo a pequeños productores agrícolas, como son la distribución
de fertilizantes y semillas mejoradas.
De acuerdo con la verificación de investigaciones de
la ASF, los fraudes incluyen diversos rubros. Entre ellos, destacan los
siguientes: adquisiciones y pagos sin soporte documental de maíz, frijol,
canasta básica, leche y subsidios para arroz, trigo y maíz; pagos que exceden
tonelaje o precios de garantía establecidos para maíz y frijol; pagos no
acreditados por prestación de servicios de subcontratación de personal y
recepción de pesticidas; pagos fuera de vigencia de contratos por servicio de
fletes; faltantes en los inventarios de frijol y maíz; salidas de efectivo no
clasificadas (sin concepto).
Por el mismo tenor se encuentran los estados de cuenta
de LICONSA, con déficits que ascienden a más de 1,500 millones de pesos. Ha
trascendido que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con más de 20
carpetas de investigación abiertas en contra de SEGALMEX. Solamente se ha
despedido del empleo a los defraudadores fiscales. ¿Y los jefes? Van a otro
puesto.
