Por: Jorge Valladares Sánchez.*
En Facebook y en Youtube: Dr. Jorge Valladares.
Gobierno de la Ciudadanía
Mérida Andando…
Los/as
políticos perennes nos tienen acostumbrados a la escasez de nueces, y su
consecuente sustitución con ruido, para procurar mantener el poder y recursos
que les permitimos y motivan su dedicación exclusiva a conseguirse el siguiente
cargo, dejando de lado el comprometerse con sentido social con algo que tenga
relevancia para la gente y cumplir la responsabilidad de servir en el cargo que
ocupan, cuando lo tienen.
Entre
tales recursos suelen estar los espacios mediáticos y la agenda pública en
general. Combinando medio y mensaje logran efecto frecuente y creciente en
distorsionar el sentido de muchos elementos de lo que debería ser el
vocabulario básico accesible a la ciudadanía respecto a conceptos tan
importantes como ciudadano, democracia, gobierno, ley, representación, mandato,
participación, elección, desarrollo, planeación, evaluación, transparencia y
muchos más; que están en la base del soporte social para el bienestar de
cualquier persona, y que al no ser entendidos con claridad se dificulta aprovechar,
quedando al servicio de quienes viven perennemente de nuestros recursos,
cualquiera que sea su preparación, moralidad y resultados en las funciones
públicas.
Y
sí, nuestra cultura cívica y la atención e interés que podemos brindarle a los
temas públicos son espacio propicio para alimentar y dejar crecer el ruido, sin
expectativas claras o exigencia funcional para hacerles cambiar su
comportamiento. Vivir cada cual la vida personal, familiar, laboral, espiritual
y comunitaria que tiene, en las mejores condiciones posibles, no deja mucho tiempo
para estarle cuidando las manos y la moral a las personas a las que contratamos
para el servicio público, y sí nos deja, en cambio, mucha decepción,
frustración y, lo peor, enajenación, de lo que deberíamos recibir de ese
servicio.
En
este espacio que gentilmente nos brinda La Revista, procuro temas de ciudadanía,
cada inicio de mes, que puedan servir para acomodar o conversar ideas que nos
fortalezcan en ese rubro. Esto bajo el entendido que siendo más, quienes
queramos o procuremos cualquier cosa, podemos aumentar la probabilidad de su
consecución si coincidimos y colaboramos. Creo que ir aclarando las
distorsiones conceptuales a las que me refiero puede ser un buen punto de
partida, o tema de conversación, o por lo menos desahogo que induzca
solidaridad o complementariedad.
A
las 12 acepciones de la palabra político/a que tiene el Diccionario de la
Lengua Española, podemos sumar varios “entendidos” más, que hemos aprendido a
asumir a partir del desempeño y veleidades de quienes se dedican a lo señalado
en el significado 5 (quien interviene en las cosas del gobierno y negocios del
Estado) y 8 (actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos
públicos).
Podríamos
pensar en política como una doctrina o como una actividad; o como forma de
cortesía (urbanidad o buen comportamiento) o afinidad (parentesco); o como
opinión o participación; o base u orientación… todo lo cual es potencialmente
útil o bueno. Ello coincide con sus orígenes etimológicos, que atiende a la
integración de varios o muchos, en lo que originalmente fue el primer concepto
de ciudad, y por tanto lo que pasa o tiene que ver con esa gente en comunidad.
De allí la versión poética de que “la política es el arte del bien común”. Y,
sí, debería serlo.
Pero
también podemos quedarnos en la acepción 4, que se aplica para otra forma de
cortesía, la que se caracteriza por la frialdad y la reserva en una situación
en la que se esperaba afecto. Y desde allí la gama de variantes con que sus
practicantes perennes han mezclado ese tono con el incumplimiento del sentido
que tenía haberles dado un puesto pagado para dedicarse a servirnos. Me refiero
al político perenne como aquel que se inicia buscando un puesto público y,
cuando lo obtiene, mantiene su conducta dirigida a conservarlo y aprovecharse
de él en lo posible y asegurarse pasar de allí a otro puesto; cuando lo
esperado por quienes se lo damos es que se dedicara a servir a la gente.
Muchas
veces ocurre que no cuente con la preparación adecuada, como en otros empleos
puede ocurrir; el problema es que activamente se aleje de tenerla, por esta
motivación permanente de servirse en vez de servir. Y una, de muchas, prácticas
efectivas para ello es alimentar con demagogia sus comunicaciones y realizar
pequeñas acciones en nombre de conceptos deseables, que probablemente ni
entienden, pero seguramente poco tienen que ver con intenciones de ejercer a
cabalidad una función y dar resultados relevantes para la ciudadanía que les
elige y paga.
A
reserva de otros días ir revisando conceptos de la lista, atiendo hoy uno de
los más actuales que podemos oír ya en todos los ámbitos de gobierno: la
apertura. Bajo el eslogan, retórica o decreto de ser un gobierno abierto se
puede actuar como sea y justificar cualquier acción o uso de recursos. Los usos
y abusos del concepto van desde incluirle como un principio o simple adjetivo
que se auto atribuyen, hasta confusiones de lo que cabe en o describe tal
apertura. El caso es que suene bien, parezca implicar una acción y dé margen
para lo que se le pretenda usar.
En
la ruta de aclarar, demos un paso previo… El vivir en una democracia significa
de un modo amplio que las decisiones públicas tienen espacio para toda la
ciudadanía y que hay en ello, inicialmente, un poder igual en cada persona
frente a cualquier otra. Lograr que ello funcione en una sociedad actual
requiere por lo menos:
- Tener reglas que
nos rijan entre particulares y organicen lo público - Tener
representantes que hagan factible la toma de decisiones y la vigilancia del
orden - Tener personas que
se encarguen de administrar todo lo público.
Con
varios “asegunes” el único momento en el que cabe esa igualdad entre las
personas es cuando, en un proceso complejo y multi determinado, cada ciudadano
puede votar para elegir a quien administre y quien le represente. A partir de
allí se pone en las manos de esas personas todos los recursos para hacer lo que
crean con las reglas y nombrar a todas las demás personas que habrán de
administrar todo, incluido la justicia.
Todo
ese conjunto de personas debería, a partir de ese momento, dedicarse a servir
bien, y para bien, a la gente, a cambio del sueldo y prestaciones que reciben,
y asegurarse de usar adecuada y honestamente para ello todos los recursos que
ponemos en sus manos. Pero eso ha sucedido poco y en pocos casos; y de allí la
distorsión del concepto de política, la forma en que percibimos al gobierno (o a
los gobiernos) y la insatisfacción, descalificación o impotencia que sentimos
en lo particular o como ciudadanía.
Una
forma sencilla de plantear cómo debería funcionar, es que tuviéramos a la vista
las decisiones que facultamos a nuestros representantes electos en tres
sentidos:
1.
Aquellas
que pueden tomar como mejor crean, por sus capacidades y conciencia.
2.
Las
que tienen que consultarnos para votar en nuestra representación o para
plantear de la manera en que lo vemos colectivamente.
3.
Las
que tienen que someter a nuestra votación y cumplir lo que resulte.
En
el caso de las personas a las que contratamos para administrar tendrían que
hacer básicamente tres géneros de funciones:
1.
Planear,
decidir y cumplir del mejor modo que todo su equipo técnico pueda cada función
indicada en la ley para su puesto.
2.
Obedecer
en los tiempos, modos y alcances lo que indique el conjunto de nuestros
representantes y/o las personas encargadas de vigilar la aplicación de la ley.
3.
Obedecer
lo que votemos en decisiones puntuales de temas que afecten nuestro futuro
colectivo.
En
ambos casos tendrían que contar en su ámbito administrativo con mecanismos
permanentes que nos permitan saber qué agenda tienen, qué lineamientos siguen,
cómo toman decisiones, qué avances tienen, cómo usan los recursos, qué
resultado alcanzan y cómo todo eso impacta en zonas importantes del interés
público. Adicionalmente contar con formas de que la ciudadanía pueda ejercer su
derecho de petición en cualquiera de sus responsabilidades y un mecanismo
eficaz de respuesta. Y, como indica nuestra Constitución, contar con una
estrategia que incluya las formas efectivas de intervención de la ciudadanía en
la planeación del desarrollo nacional, estatal y municipal.
Muchas
de las omisiones y fallos en cumplir esta lógica se ha llenado de intenciones y
buenos adjetivos dentro del mal uso de “gobierno abierto”. En el mejor de los
casos, con buenas intenciones, se aplican algunas buenas prácticas para
remediar el incumplimiento de esta manera en la que debería ejercerse la representación
y administración democrática.
La
elección que realizamos para quien nos representa y para quien administra
nuestros recursos públicos cabe en la llamada democracia representativa (o
indirecta) y debería alcanzar para que tengamos conocimiento y cuentas claras
del desempeño en los incisos 1 y 2 (de las listas de arriba), y en caso de
fallo tengamos:
a.
disculpas
y propuestas de corrección en fallos razonables,
b.
reparaciones,
sanciones y castigos en fallos graves,
c.
pago,
renuncias, destituciones y/o revocaciones en fallos imperdonables
También debería alcanzar para contar con
funcionarios/as con la inteligencia para involucrar a las personas adecuadas,
en los momentos óptimos, de la planeación, ejecución, vigilancia y evaluación
de las acciones que llevan a cabo en cumplimiento de sus encargos. Ello incluye
el rubro de la democracia considerada deliberativa y la conformación de órganos
ciudadanos, académicos y profesionales que acompañen la tarea de gobernar.
El otro sentido del gobierno abierto es
más activo y real, y suele representar una confusión con lo que son los
mecanismos de participación ciudadana. Están relacionados con los incisos 3 (de
arriba), tanto para representantes como administradores. Es la que puede
denominarse democracia participativa o democracia directa. Se trata de que en
la definición de algunas leyes o decisiones en obras fundamentales o políticas
a seguir en la administración, la decisión la tome una mayoría ciudadana con un
procedimiento similar al de la elección de representantes y administradores; y
la votación directamente obligue a unos u otros a lo que tienen que hacer.
Esto en conjunto y a grandes rasgos sería
la forma de alcanzar un gobierno de la ciudadanía, en el que delegamos muchos
temas a personas a quienes les pagamos por hacer lo correcto y rinden cuentas
de lograrlo y nos reservamos decisiones que, sea quien sea, tiene que cumplir
por ser de importancia para toda la sociedad.
Dos buenas noticias en este sentido, que
pueden ser relevantes para ti que lees y sobre las cuales seguiremos
conversando en siguiente momento. Hace unas semanas, teniendo como atento
anfitrión al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, más de 100 especialistas de
todo México, formulamos el capítulo relativo al Cabildo y el Congreso Abierto
dentro del Libro Blanco de los Mecanismos de Participación Ciudadana. Desde
allí se puntualizan algunas de las vías para que ambos espacios, dedicados a
quienes elegimos como representantes, enfoquen auténticamente los temas y modos
en que la ciudadanía puede recuperar espacios de exigencia y decisión en los
gobiernos donde haya voluntad de enderezar ese camino.
Se trata de distinguir los espacios de
relevancia e impacto en que la ciudadanía debe contar con lugar en la
deliberación y decisiones de un cabildo, frente a otras modalidades de
atención; como pueden ser las vías que un ayuntamiento debe brindar para informar,
solicitar servicios, presentar quejas o solicitudes; todo lo que debe hacer para la transparencia
y rendición de cuentas, así como el sondeo de opiniones y apreciaciones sobre
planes, desempeño y expectativas públicas.
La
otra noticia es que precisamente nuestra Mérida cuenta desde este 2023 con un
Reglamento de Participación Ciudadana que sobresale entre los gobiernos de ese
ámbito en México en varios sentidos. Primero por existir; realmente y a pesar
de la moda y decreto de la apertura gubernamental se cuentan con los dedos los
casos de municipios que han dado este paso. Desde hace años, con la creación de
la Secretaría de Participación Ciudadana, se había estado procurando este
avance y hoy ya es norma que puede ejercerse localmente.
Segundo,
porque el planteamiento tiene como objeto establecer las formas, medios y
mecanismos para garantizar y promover la participación ciudadana en los
procesos de toma de decisiones públicas, en la gestión de los servicios, así
como en los asuntos de interés municipal de impacto para la sociedad. Los
mecanismos y estructuras que plantea abren la posibilidad de orientar a la
dimensión y dirección correcta varias de las necesidades de involucración
efectiva de la ciudadanía, que actualmente ya se ha intentado desde la lógica
de la administración municipal, pero que se robustecerá si efectivamente se
pone en marcha el Sistema Municipal de Participación Ciudadana y es coordinado
desde los colectivos que el propio reglamento crea y empodera.
Y
tercero porque, en coincidencia con una de las principales conclusiones del
Taller Nacional realizado en Tlaxcala, contiene el potencial de que haya en
nuestra Mérida un auténtico órgano garante del derecho humano a la
participación, que ponga los acentos en los procedimientos y exija la
clarificación de las confusiones históricas que para nuestro municipio sería
muy deseable que efectivamente pasen a la historia.
Definiciones
internacionales, la página del Gobierno de México y este reglamento plantean
que el gobierno abierto es un modelo de gestión donde la ciudadanía es el eje
prioritario del quehacer público, y, pues, así es como siempre debe y debió ser
¿no? Y que para ello se promueve su participación e involucramiento mediante un
conjunto de herramientas alineadas a tres ejes estratégicos: transparencia,
participación ciudadana y rendición de cuentas; y es ese el potencial: tomar
este buen reinicio para que esas tres cualidades sean una realidad creciente,
que a la vez que justifiquen el puesto y recursos que le damos a nuestros
funcionarios/as, doten a Mérida de otra distinción más en el ámbito nacional,
haciendo, aquí sí, las cosas como deben hacerse para la ciudadanía. Andando
veremos…
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*Jorge Valladares Sánchez
Papá, Ciudadano, Consultor.
Representante de Nosotrxs en Yucatán.
Doctor en Derechos Humanos.
Doctor en Ciencias Sociales.
Psicólogo y Abogado.
