La Revista

Gobiernos de América Latina expulsores de migrantes

Facetas de México, por: Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo. 

atlaanteleon@gmail.com
p_taboada2005@yahoo.com.mx

  • Necesitan contar con proyectos de desarrollo social, económico y educación.
  • Migrantes exponen la vida en transportes sin ventilación.
  • Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, será sustituido por el activista Alejandro Solalinde.

La pobreza y falta de preparación de millones de
migrantes que huyen de los países de América Latina –incluido México—en busca
de mejores oportunidades de trabajo y de vida en Estados Unidos, enfrentan
altos riesgos de perder la vida en un trayecto convertido en suplicio. Primero,
por tener que trasladarse cientos de kilómetros a pie, “de aventón” o en
transportes inapropiados, como “tráileres” sin ventilación, que los exponen a
la muerte.

Si logran llegar con vida, pero sin dinero por haber
sufrido sobornos a que son sometidos por los llamados “polleros” y ahora la
delincuencia organizada, desde la frontera sur de México con Centroamérica,
hasta la del norte con Estados Unidos, se encuentran con la sorpresa de la
negativa de ingreso a territorio norteamericano por falta de documentos
migratorios; sin dinero por el robo impune, hambrientos y sin ninguna
seguridad.

Esta situación conflictiva es resultado de la falta de
proyectos para el desarrollo económico, social y educativo en niveles nacionales,
regionales y locales. Los gobiernos latinoamericanos destinan cuantiosos
recursos económicos a sus “proyectos militares” y protección de sus gobiernos,
que al desarrollo de sus sociedades.

Es verdaderamente lamentable que millones de migrantes
tengan que huir de sus países, porque no encuentran una forma de vida digna,
acorde con sus necesidades. Y lo peor, que los gobernantes de países expulsores
y receptores de migrantes, “se hagan de la vista gorda”. Los sufridos
familiares de las víctimas reciben de regreso a sus muertos, a veces con una
compensación económica que no sirve para nada.

¿Cuántas familias y sus hijos han quedado desamparados
por la muerte del padre, la madre, miles de jóvenes que salieron de sus casas
con la esperanza de encontrar trabajo en Estados Unidos y en otros países del
mundo? Es incontable, porque el problema de la migración es mundial, aunque
hace falta poner en contexto este problema ante organizaciones internacionales
de Derechos Humanos, y ante entidades como Naciones Unidas.

Desde hace décadas en México se padece un problema
creciente del fenómeno de la migración de connacionales hacia el país del
norte. Datos de analistas en esta materia, indican que en Estados Unidos viven
y trabajan más de 10.5 millones de mexicanos, que envían remesas cuantificadas
en unos 50 mil millones de dólares anuales. El gobierno federal ya cuantifica
ese valor en el esquema presupuestal de ingresos, por virtud de que significa
más de la séptima parte del presupuesto federal anual.

Para México, el problema de la migración de ciudadanos
latinoamericanos y del Caribe, de paso hacia Estados Unidos, se ha convertido
en un problema por la falta de estructuras de logística, de transporte y
alojamiento temporal, mientras que el gobierno de Estados Unidos no asume la
responsabilidad que le corresponde. Por lo pronto, no existen acuerdos entre
ambos gobiernos que den formalidad a la migración, de manera que se deja en
manos de la delincuencia organizada hacer “su agosto” con extorsiones, promesas
falsas y riesgos fraudulentos en el transporte.

En México operan más de 70 albergues –algunos llamados
centros de reclusión de migrantes—para ciudadanos latinoamericanos y caribeños,
provenientes del estado de Chiapas, que es la puerta de entrada de las
migraciones, hasta la frontera con Estados Unidos. Muchos de estos centros, se
convirtieron en lugares de reclusión, en tanto los interesados cumplen con
determinados requisitos para cruzar la frontera, lo cual puede durar meses o
finalmente les niegan el ingreso.

Precisamente, hace unos diez días, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, ocurrió un incendio en un centro de reclusión de migrantes,
perteneciente al Instituto Nacional de Migración, que es una dependencia de la
Secretaría de Gobernación, con la penosa muerte de 40 migrantes y otro tanto de
heridos graves.

Este asunto abrió un tema de discusión entre las
Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, por ambigüedades en la
administración del fenómeno migración con el manejo del problema diplomático
derivado del movimiento internacional de los migrantes.

La decisión directa del presidente Andrés Manuel López
Obrador, en torno de la definición de responsabilidades de Gobernación y SRE
sobre el incendio y las muertes y personas heridas, fue sencillamente ordenar
la desaparición del Instituto Nacional de Migración, junto con el comisionado
de esa área, de nombre Francisco Garduño (parece que anda prófugo, pero es
amigo del Ejecutivo Federal) y nombrar al activista y sacerdote Alejandro
Solalinde, como dirigente de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios.

En estos asuntos hace falta poner orden. Primero,
encontrar al responsable de la muerte de 40 personas y heridos, como lo es
Francisco Garduño, y que no haya impunidad. Lo que sigue es procesarlo por
convertir a los centros de migración, en auténticas cárceles, sin servicios
indispensables de alimentación, sanidad y apoyo de alojamiento para los
migrantes.

Por otro lado, que el sacerdote Solalinde se dedique a
lo suyo. “Zapatero a tus zapatos”, y que, de tener cualidades de funcionario
público, que renuncie a su vida pastoral y emprenda campaña. No puede cambiar
de la noche a la mañana de “pastor de la Iglesia” a “pastor de López Obrador”

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