Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
La sociedad está en decadencia. Recibir algo que por
derecho le corresponde ha sido la zanahoria con la que el gobierno de Andrés
López Obrador lo ha llevado a votar por su proyecto de gobierno no importa que
no haya resultados, no importa que el presidente mienta y menos que destruya un
país en el que muchas estructuras servían para empoderar a una sociedad y
evitar los abusos del gobierno.
En pleno siglo XXI México sigue sin entender que al
gobierno siempre hay que contenerlo, exigirle que los recursos públicos
prácticamente inagotables no son para el uso exclusivo y en caprichos del
gobernante en turno sino para fortalecer los beneficios para los ciudadanos,
que son su principal empleador y su único objetivo.
El desmantelamiento de las instituciones del país ha
sido para satisfacer caprichos.
La transición entre el Seguro Popular (SP) y el
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se dio de manera accidentada, lo
cual generó una discusión entre quienes destacan las bondades de un esquema y
otro. Lo cierto es que, según las opiniones de expertos, funcionarios,
exfuncionarios y legisladores, ni el modelo surgido en el sexenio del
presidente Vicente Fox era tan eficiente como algunos señalan ni el nuevo
programa impulsado por el gobierno actual pudo cumplir completamente la meta de
proporcionar servicios de salud a todas las personas que no cuentan con algún
seguro y terminó despareciendo.
“Es evidente que no ha funcionado (…) y va a ser
sustituido por un sistema de salud pública que garantice la atención médica de
calidad y medicamentos gratuitos” para todos los mexicanos sin seguro social,
que terminó desapareciendo también tres años después después de dejar a 5
millones de personas sin sus tratamientos ni servicios médicos.
El Seguro Popular se planteó como un mecanismo de
financiamiento a la salud, no como un mecanismo de provisión de servicios.
Tenía como objetivo asegurar que la población no asalariada no tuviera que
desembolsar grandes cantidades de dinero a la hora de enfrentar un padecimiento
de salud debido a que no gozaba de seguro social como los operados por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La provisión de servicios quedó a cargo de los
sistemas estatales de salud, creados desde las décadas de los 80 y 90,
precisamente con la descentralización de los servicios de salud.
El costo era cubierto mediante un subsidio federal
proveniente de recursos fiscales del Presupuesto de Egresos de la Federación y
de las aportaciones familiares de los asegurados. El monto de la aportación
familiar era determinado según el nivel de ingreso de cada familia.
Hasta el momento que dejó de funcionar el Sistema de
Protección Social en Salud a través de su brazo operativo el Seguro Popular,
tenía un padrón de beneficiados de 54 millones de mexicanos. 89% de los
recursos del sistema se transferían a los estados para operar los servicios de
consulta de primer nivel y la hospitalización general en el segundo nivel de
atención. Eso se complementaba con un esquema para financiar la atención de
alta especialidad, el Fondo de Protección contra gastos Catastróficos que
reunía 8% de la totalidad de los fondos.
De acuerdo con el exsecretario de Salud, Julio Frenk,
entre 2000 y 2018 el presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó 210% en
términos reales y su motor principal fue la creación en 2003 del Sistema de
Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el Seguro Popular.
El argumento presidencial además tenía que ver con una
supuesta corrupción en temas de medicinas y su distribución. Hoy, no hay
medicinas, los esquemas de vacunación infantil bajaron del 98 por ciento al 25,
y tampoco hay evidencias de esa corrupción que el presidente utilizó como
justificación para cancelar los contratos de medicamentos.
En realidad, los recortes a programas de salud
significaron 41 mil millones en este 2022, 32 mil en el presupuesto de 2018 a
la llegada de este gobierno, y la debacle no ha dejado de agravarse
especialmente para la gente sin seguridad social.
Hasta el nuevo y recién creado IMSS-Bienestar, que
sustituirá al Insabi, tendrá un recorte del 17 por ciento en 2023 y con ello se
habrá consumado la apropiación del fideicomiso para enfermedades catastróficas
$8,300 millones que hasta hoy se pulverizó sin dejar huella aunque no sirvió
para su objetivo principal que era atender enfermos de padecimientos crónicos
como el cáncer, las diálisis y aquellas enfermedades crónico degenerativas.
En otra colaboración abordaremos el tema de seguridad
pública.
