Tomás Zapata BOSCH

Hay escenas que no deberían existir: Un guardia de seguridad, con el uniforme puesto, de pie en el borde del techo de un hospital, amenazando con lanzarse al vacio. Esto sucedió ayer en Campeche, pero pudiera suceder y convertirse en un drama en cualquier parte de Mexico. Afortunadamente no lo hizo, pero acuso malos tratos, humillaciones y exhibio un sistema que supuestamente dejo de existir en Mexico desde la revolucion, pero que en lugar de ello, se ha perfeccionado para perjudicar al ser humano. Parece mentira, portan bonitos y vistosos uniformes, pero viven en una invisibilidad que pocas veces ve la luz publica. Ayer fue uno de esos días.

Pensar que se trata de un acto aislado sería un error cómodo. Nadie llega a ese punto de un momento a otro. Ese instante, el del borde, suele ser el final de una cadena larga y silenciosa: sueldos que no alcanzan, pagos que se retrasan, jornadas que rebasan cualquier lógica humana, desgaste emocional acumulado. Es el punto en el que alguien, después de haber sido ignorado muchas veces, encuentra una forma extrema de hacerse escuchar.

En México —y Campeche no es la excepción— la seguridad privada es uno de esos sectores que funcionan a ras de suelo, sosteniendo la operación cotidiana de hospitales, oficinas públicas y espacios estratégicos, pero sin el reconocimiento ni las condiciones que corresponderían a esa responsabilidad. El uniforme, que debería representar orden y protección, muchas veces termina funcionando como un mecanismo de invisibilidad. El guardia deja de ser persona y se vuelve parte del paisaje: “el de la entrada”, “el de la noche”, “el que abre la pluma”.

Detrás de esa normalización hay un modelo que rara vez se cuestiona. La mayoría de estas funciones están subcontratadas. Empresas que ganan licitaciones ofreciendo costos bajos, instituciones que celebran el ahorro y un sistema que, en el papel, parece eficiente. Pero ese ahorro no es abstracto: alguien lo paga. Y casi siempre es el trabajador. Se paga con salarios limitados, con prestaciones incompletas, con incertidumbre constante. Se paga con rotación, con falta de estabilidad, con la imposibilidad de construir algo a largo plazo. Lo peor son los contubernios -cuando existen, que al parecer es frecuente- entre los jefes admnistrativos y los “empresarios” que tienen que “rascarle” para que le toque su parte al “patron”.

Lo ocurrido en el hospital expone, además, una contradicción difícil de ignorar. Mientras dentro del edificio se lucha por preservar la vida, afuera —o en lo alto— un trabajador del propio sistema se encuentra al límite. Dos realidades que conviven en el mismo espacio sin tocarse. Esa imagen no es casual ni anecdótica: es el reflejo de una estructura que ha aprendido a funcionar separando responsabilidades, diluyendo culpas y normalizando fallas. Porque aquí hay una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que prácticas que se repiten una y otra vez no generen consecuencias visibles? Cuando una empresa incumple y continúa operando, cuando las quejas no escalan, cuando los contratos se renuevan sin revisión pública, lo que se configura no es un accidente, sino una forma de operar. Puede llamarse omisión, puede llamarse burocracia, pero en el fondo se traduce en tolerancia.

Y entonces, cuando algo se rompe, la narrativa suele girar hacia lo individual. Se habla de crisis personal, de un momento de desesperación, de un caso particular. Es una forma de reducir el problema, de hacerlo manejable, de evitar mirar la estructura completa. Pero lo que ocurrió no empieza ni termina en una persona. Es la expresión visible de algo que lleva tiempo acumulándose. Lo más inquietante no es que alguien haya llegado al borde. Lo verdaderamente inquietante es pensar cuántos más están cerca sin que nadie lo note. Cuántos siguen cumpliendo turnos largos, cobrando tarde, sosteniendo con esfuerzo silencioso un sistema que difícilmente los mira. La diferencia es que la mayoría no sube a un techo. Necesitan el trabajo, necesitan el dinero y muchos de esos empleados son personas de la tercera edad que por ello mismo no son contratados en ningun otro lado, pero que necesitan sobrevivir. Y por eso, precisamente, no los vemos.

Lo de ayer no debería archivarse como un incidente más. Es, en todo caso, una señal. Un recordatorio de que hay sectores enteros funcionando bajo presión constante, sin márgenes de error, sin redes de respaldo reales. Y que cuando esa presión encuentra una salida, suele hacerlo de la forma más incómoda posible. Al final, la pregunta no es sólo qué ocurrió, sino qué estamos dispuestos a ver después de que ocurrió. Porque un sistema que necesita que alguien se ponga en riesgo extremo para ser escuchado no es un sistema que esté funcionando bien. Es uno que lleva tiempo fallando en silencio y es urgente y necesario que este gobierno progresista los voltee a ver y les haga justicia. Es lo correcto.