El hallazgo de los cuerpos de los cantantes colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, ha conmocionado a México y Colombia, y ha puesto nuevamente en la agenda pública el problema de la violencia ligada al narcotráfico y la inseguridad. Según registros oficiales, los artistas desaparecieron el 16 de septiembre tras haber sido vistos en un gimnasio en la colonia Polanco, Ciudad de México, luego de ofrecer un concierto el 14 de septiembre.
Los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, y confirmados por las fiscalías de Ciudad de México y del Estado de México. Las autoridades han iniciado investigaciones por homicidio aunque hasta ahora no han revelado un móvil oficial.
Este caso ha escalado rápidamente en el ámbito diplomático. Los gobiernos de México y Colombia “convierten en asunto de Estado el esclarecimiento de la muerte de B-King y Regio Clown”. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que las pesquisas están siendo encabezadas por la Fiscalía de la capital con apoyo del Gabinete de Seguridad, y ha pedido “respeto a la diplomacia” ante las críticas y señalamientos entre ambos países.
En ese contexto, ha resurgido un video que B-King publicó meses atrás en TikTok, en el que afirmaba haber denunciado amenazas recibidas por parte de su expareja Marcela Reyes. El artista decía: “Temo por mi vida, por la de los míos, de los que me rodean, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”. Marcela Reyes, por su parte, ha negado cualquier participación en el crimen.
Entre las especulaciones que han circulado están posibles vínculos del caso con el narcotráfico. En discursos públicos, el presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciado que “asesinaron nuestra juventud” en México, atribuyendo la responsabilidad a la “mafia internacional fortalecida” por las políticas antidrogas. Al mismo tiempo, personas allegadas al caso han mencionado que Sánchez era familiar de Camilo Torres, alias “Fritanga”, un ex cabecilla del Clan del Golfo, aunque esas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente.
El suceso ha reavivado el debate sobre la grave crisis de violencia y desapariciones en México. México tiene una larga historia de desapariciones forzadas —casos reconocidos como una “crisis humanitaria”—, fenómeno estructural ligado en muchos casos a las dinámicas de poder criminal y complicidades institucionales. El caso de estos músicos refuerza la sensación de impunidad frente al crimen organizado y la urgencia de respuestas contundentes por parte del Estado.
Familiares de B-King y Regio Clown, agrupaciones sociales, artistas y ciudadanos han exigido claridad, transparencia y resultados en la investigación. Hasta ahora, lo que se sabe no brinda certezas, sino preguntas: ¿qué fuerza movió la desaparición y asesinato de los artistas? ¿hubo omisiones o fallas institucionales? ¿qué papel jugaron las amenazas previas y las relaciones personales en el destino de los músicos?
El dolor y la incertidumbre persisten mientras México y Colombia buscan juntos una respuesta que no sólo haga justicia para los artistas, sino que enfrente una realidad de violencia que hace que cada desaparición o muerte se convierta en un reclamo urgente por dignidad, memoria y verdad.
