El caso de los imputados Herbe Jesús Rodríguez Coello y Gibrán Herbe Rodríguez Coello, vinculados a la carpeta administrativa 390/2024 del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial en Mérida, ha generado una ola de críticas debido al evidente retraso en la colocación de los brazaletes electrónicos que les fueron impuestos como medida cautelar hace más de 60 días. A pesar de la resolución emitida el 23 de octubre de 2024, los dispositivos aún no han sido instalados, lo que plantea serias dudas sobre la influencia que los imputados podrían estar ejerciendo para retrasar el proceso.
Esta demora ha encendido las alarmas entre la ciudadanía, especialmente en una ciudad como Mérida, que ostenta el título de la más segura de México. Sin embargo, este caso pone en evidencia que ni siquiera un sistema judicial reconocido por su transparencia está exento de posibles casos de manipulación. Es preocupante que, tras más de dos meses desde que la jueza ordenó la colocación inmediata de los brazaletes electrónicos, las gestiones necesarias aún no se hayan materializado.
Las reiteradas solicitudes de la jueza encargada del caso a la Directora de Medidas Cautelares, Licenciada Maritza Andrea Canul Castro, han sido respondidas con el argumento de la falta de disponibilidad de dispositivos, lo que ha alimentado las sospechas de que los imputados podrían estar utilizando influencias para evitar el cumplimiento de las medidas impuestas. Este tipo de prácticas, de confirmarse, representarían un claro ejemplo de cómo la corrupción puede obstaculizar el cumplimiento de la ley incluso en los estados con los índices de seguridad más altos.
Los brazaletes electrónicos son esenciales para monitorear a los imputados y garantizar que cumplan con las restricciones impuestas por el sistema judicial. Su ausencia no solo compromete el proceso legal, sino que también pone en riesgo la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho.
Este caso no debe quedar como un ejemplo de cómo algunos pueden intentar burlar las disposiciones legales. Mérida, como la ciudad más segura del país, no puede permitir que este tipo de acciones empañen su reputación. Es imperativo que las autoridades correspondientes actúen con celeridad para garantizar que se cumpla con las medidas cautelares y que cualquier intento de influencia indebida sea investigado y sancionado.
El cumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales es un pilar fundamental para la confianza en el sistema de justicia. Por ello, es necesario que este caso sea manejado con la máxima transparencia y que se refuercen los mecanismos necesarios para evitar retrasos o manipulaciones futuras que comprometan la integridad del proceso legal. La justicia no puede ni debe estar al servicio de intereses particulares.
