El lunes 8 de diciembre de 2025, la fiscalía de Honduras emitió una orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, poco después de que este fuera liberado tras recibir un indulto en Estados Unidos.
La orden, anunciada por el fiscal general Johel Antonio Zelaya, incluye una alerta a INTERPOL y a los cuerpos de seguridad nacionales para proceder con la detención de Hernández, quien enfrenta acusaciones por delitos de lavado de activos y fraude vinculados al uso indebido de fondos públicos.
Estas acciones legales se reactivan pese a que el ex mandatario había cumplido condena en Estados Unidos: Hernández fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico, tras un juicio en una corte federal. Su liberación ocurrió el 1 de diciembre de 2025, gracias a un indulto presidencial otorgado por Donald Trump.
El fiscal Zelaya justificó la orden argumentando la necesidad de “una lucha frontal contra la corrupción y las redes criminales que han marcado profundamente la vida del país”. Mientras tanto, la defensa de Hernández tildó las acusaciones de “infundadas” y “motivadas políticamente”.
Hasta el momento, su paradero exacto no es público, aunque se señala que permanece fuera de Honduras.
La nueva orden de arresto representa un giro importante en la situación del ex mandatario: aunque había recuperado su libertad en Estados Unidos, las autoridades hondureñas no abandonan las investigaciones en su contra.
