En Estados Unidos, hospitales y otros proveedores de salud se encuentran bajo presión frente a la nueva tarifa de US$ 100.000 para las solicitudes de la visa H‑1B, considerada esencial para contratar trabajadores especializados extranjeros. Según denuncian diversas instituciones, este nuevo coste representa un serio obstáculo para la contratación de personal clave, como médicos y enfermeros, especialmente en zonas rurales.
La tarifa fue anunciada el pasado 19 de septiembre por la administración del Donald Trump con el argumento de que los empleadores estaban reemplazando trabajadores estadounidenses por talento extranjero más barato.
En un comunicado, la American Hospital Association (AHA) advirtió que “dados los desafíos financieros y de personal que nuestros hospitales ya enfrentan, el aumento de las tarifas … probablemente impediría que muchos de ellos continúen reclutando personal de atención médica esencial y podría forzar una reducción en los servicios que pueden brindar”.
El problema resulta más grave en entornos rurales, donde la escasez de personal cualificado ya es crónica. Por ejemplo, según la AHA, una cuarta parte de los médicos del país son graduados internacionales.
Uno de los directivos de un sistema de salud en Dakota del Sur señaló: “Si no quedamos exentos, la diferencia entre lo que es ahora y esa tarifa de US$100,000 realmente dejará fuera de juego a las instituciones de atención médica rurales más pequeñas”.
Por otro lado, las escuelas rurales también han advertido impactos negativos. Un superintendente comentó que dejaría de buscar maestros con visa H‑1B “simplemente no tengo el dinero”.
En este sentido, la dependencia de personal inmigrante en zonas de difícil cobertura perfila un riesgo creciente ante la nueva regulación.
Los expertos señalan que, al elevar el coste de contratación de trabajadores extranjeros especializados, muchas instituciones podrían abstenerse de presentar solicitudes de visa H‑1B, lo que redundará en menos servicios de salud, más espera para los pacientes y una mayor carga para el personal existente.
Además, se plantea la interrogante de si pequeñas comunidades rurales podrán competir con los grandes centros urbanos o las grandes empresas tecnológicas para cubrir esas vacantes, ante semejante barrera económica.
En resumen, la implementación de esta tarifa récord para la visa H‑1B plantea un desafío importante para el sector sanitario y educativo de Estados Unidos, con especial repercusión en zonas rurales que ya enfrentan limitaciones de recursos humanos. Queda por ver cómo responderá el gobierno y si establecerá exenciones o mecanismos que mitiguen el impacto sobre instituciones vulnerables.
