Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
En el PRI hubo Ejecutivos federales, estatales y
municipales que jamás escucharon a la gente ni a sus correligionarios menos a
sus gobernados y electores. La tradición del poder absoluto se fue dando en
peores condiciones cada vez y muchos de ellos asumieron que al llegar a
sentarse en “la silla maldita”, como le decía Emiliano Zapata, ya nadie podría
reclamarle.
El fenómeno contagió a los legisladores que, al ser
elegidos por los ejecutivos en turno, sentían que tenían que defender más al
poderoso que a la gente que los había elegido.
Es normal. La democracia mexicana fue una farsa hasta
llegados los comicios de 2000 cuando, por fin, se dio la transición democrática
y llegó a Palacio alguien diferente a la casta política que había dominado al
país desde 1929 cuando se funda el partido hegemónico.
La tradición de los diputados “levantadedos” ha
llevado a que sean considerados los peores evaluados por los ciudadanos además
de que sus actividades y labor casi nunca son entendidas ni estudiadas por la
mayor parte de la población. La gente cree que son gestores pero se olvidan que
son los responsables del marco jurídico vigente no sólo en el estado sino en el
país.
En Campeche, los 35 miembros de la LXIV legislatura
están representados por 16 de Morena, 9 de Movimiento Ciudadano, 8 del
Revolucionario Institucional y dos más de Acción Nacional quienes se integran
en bancadas de esos partidos aunque en los hechos panistas y algunos expulsados
de Movimiento Ciudadano son parte del oficialismo presidido por Alejandro Gómez
Cazarín.
Si bien se estrenarán con su primer informe de
gobierno, los legisladores tendrán a su cargo no sólo la evaluación del primer
año de gestión de Layda Sansores sino que por primera vez se verán las caras
con los miembros del gabinete que deberán participar en la glosa del Informe.
Pero con Morena al mando de la Junta de Coordinación
Política, nada será como dice el reglamento ni la ley orgánica del Poder
Legislativo que lo crea. De entrada, la mayoría ha evitado especificar, en el
reglamento, que las comparecencias para la glosa del informe sean públicas,
pero el reglamento evita señalarlo, como expone el artículo 176 de la ley
orgánica de la legislatura.
Además, en el artículo 174 de la ley orgánica se especifica
que en las comparecencias participen los 35 legisladores, pero en el reglamento
se pretende limitar la participación de los diputados sujetándolos al
porcentaje de los votos obtenidos para llegar al Congreso. Ningún reglamento
está por encima de la ley, como lo explicó en su participación en tribuna la
Diputada Adriana Ortiz Lanz, en la reunión de la Diputación Permanente.
Todos los diputados podrán participar, pero el
reglamento no sólo aplicará para la glosa del Informe sino para cuando se
discuta la ley de ingresos y de egresos y para cuando se cite a comparecer a
otros funcionarios del gabinete.
El problema con la gente de Morena es que no termina
de entender que tiene una mayoría de 16 legisladores, ni el 50 por ciento del
Congreso, pero se asumen como los ganadores a pesar de que en los comicios
pasados, su partido no fue avalado por 6 de cada 10 votos emitidos.
De
mineros
El gobierno chileno, país cuya experiencia en rescates
mineros ha llegado hasta a las películas, recibió una negativa del gobierno
mexicano hace diez días cuando se ofreció a ayudar a la 4T para el rescate de
los 10 atrapados en la mina de carbón en Sabinas Coahuila.
El gobierno mexicano está tratando de evadir su
responsabilidad en el manejo de esa mina debido a que en 2020 Manuel Bartlett,
director de la Comisión Federal de Electricidad, anuló a la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, con
sede en Saltillo, como intermediaria en la compra-venta del carbón vegetal que
extraen de la mina Las Conchas para proceder a la emisión directa y sin
intermediarios como proveedores de CFE.
El gobierno eliminó cualquier relación con los
productores y asumió la relación directa con los mineros y para ello Bartlett
modificó el valor del carbón, entregando más a los pequeños propietarios y
mucho menos a los grandes productores, con lo que se generó un coyotaje porque
los pequeños productores le vendían a los grandes, a pie de pozo, su producción
a precios menores para que ellos lo vendieran a CFE a mayores. Tapó una
corrupción creando otra.
Pero el tema tenía cola: le entregó la compra a Tania
Flores, alcaldesa recién electa en Muzquiz por Morena, y a su hermano Antonio,
beneficiado por grandes contratos para su empresa Minera Don Chilo, y ella a
través de la Minera Flores de la Carbonífera, que en mayo le entregó CFE un
contrato por $200 millones, pero su nombre desapareció del acta constitutiva de
la empresa siendo candidata al cargo que hoy tiene.
Otro favorecido fue Fernando Mendoza Bernal, de Fervim
Ingenierías, localizada en Sabina, el área minera de Coahuila y es promotor de
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
aspirante de Morena a la candidatura al gobierno.
Uno más fue Régulo Zapata Jaime que ha sido beneficiado
por Bartlett con $250 millones en contratos a través de su empresa Beneficio
Carbonífero, desde 2019 y está relacionada con la tragedia de los 10 mineros.
El otro vinculado con el tema es el senador de Morena
Armando Guadiana, importante financiero del presidente López Obrador quien le
ha hecho condonaciones fiscales por $2 mil 500 millones.
Como se ve, la tragedia tiene tintes electorales
porque Bartlett es el autor de una estrategia para debilitar al PRI y jalar los
apoyos a Morena, pero el costo tendrán que pagarlo antes de las elecciones.
