El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes un presupuesto precautorio de 13 mil millones de pesos para la organización de la elección judicial, que busca elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, a pesar de este avance financiero, la organización del proceso electoral sigue detenida debido a las suspensiones judiciales que afectan el inicio de los trabajos.
El INE detalló que el presupuesto aprobado es una medida preventiva, dada la incertidumbre jurídica que existe alrededor de la reforma judicial propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma ha generado una serie de controversias legales que han sido resueltas en tribunales, lo que ha retrasado la ejecución de los planes para llevar a cabo la elección de los nuevos magistrados.
El presupuesto de 13 mil millones de pesos aprobado por el INE está destinado a cubrir los costos de la logística electoral, que incluyen desde la capacitación de los funcionarios encargados de las elecciones, hasta la creación y distribución de material electoral, pasando por la organización de los foros de consulta y la preparación de los procedimientos de votación. Sin embargo, la implementación de estas medidas sigue siendo incierta, ya que varios tribunales han emitido suspensiones que bloquean la organización completa de la elección judicial.
En su intervención, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la cifra es parte de los preparativos para un proceso electoral que sigue siendo fundamental para la renovación de la SCJN, y subrayó la importancia de contar con los recursos suficientes para garantizar que, en el momento en que se levanten las suspensiones, el organismo electoral esté listo para llevar a cabo el proceso de manera eficiente y en cumplimiento con la Constitución.
Por otro lado, la reforma judicial, que fue aprobada por el Congreso de la Unión y que pretende transformar la estructura del poder judicial en el país, ha generado una serie de amparos y suspensiones por parte de tribunales federales, lo que ha obstaculizado la puesta en marcha de varios aspectos de la reforma, incluida la elección de nuevos ministros de la SCJN. Los opositores a la reforma sostienen que este proceso podría afectar la autonomía judicial y el equilibrio de poderes, mientras que el gobierno de López Obrador defiende que la reforma es necesaria para garantizar la imparcialidad y la eficiencia del poder judicial.
A pesar de las suspensiones judiciales que retrasan la organización del proceso electoral, el INE ha continuado con los trámites administrativos, preparando la infraestructura necesaria para cuando las condiciones legales permitan que el proceso avance. Sin embargo, la incertidumbre jurídica y política que rodea a la reforma judicial y sus implicaciones en la elección de los nuevos ministros sigue siendo un tema delicado en la agenda política nacional.
El avance en el presupuesto es un paso clave para garantizar que el INE pueda actuar de manera expedita una vez que las suspensiones sean levantadas, aunque por el momento la posibilidad de realizar la elección sigue siendo incierta, dependiendo de la resolución de los tribunales sobre la constitucionalidad de la reforma judicial y sus impactos en el proceso electoral.
Mientras tanto, la ciudadanía y los actores políticos siguen a la expectativa de cómo se resolverán los amparos y las suspensiones judiciales que, por ahora, mantienen el proceso electoral suspendido. Sin embargo, el INE confía en que, una vez que se superen estos obstáculos legales, podrá iniciar la organización de la elección judicial en el marco de la ley y con los recursos necesarios para garantizar su transparencia y efectividad.
