El Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado al Congreso de la Unión cambiar la fecha de las elecciones previstas, proponiendo una extensión de 90 días. Según Federico Berrueto, analista político, esta petición surge de los retos logísticos y presupuestarios asociados con la organización de elecciones de jueces y magistrados por voto popular, una modalidad recientemente adoptada en México que ha demostrado ser altamente compleja.
Berrueto explicó que el sistema actual plantea un desafío significativo: las elecciones de individuos, en lugar de candidatos vinculados a partidos políticos, implican un cambio radical en el proceso electoral. A diferencia de los candidatos respaldados por partidos, quienes ofrecen una referencia ideológica para los votantes, los individuos deben presentar sus propuestas de forma directa, lo cual complica la identificación de opciones para el electorado. El problema se agrava por el gran número de candidatos potenciales y la falta de claridad en la información disponible para los votantes. Esto no solo dificulta la logística de la elección, sino que también afecta la participación electoral, ya que muchos ciudadanos podrían sentirse desmotivados al enfrentar un proceso complejo y poco familiar.
Una de las soluciones propuestas por Berrueto es la implementación de centros de votación centralizados, en lugar de las 170,000 casillas habituales. Aunque esta medida podría reducir costos, también disminuiría la participación electoral, un problema recurrente en ejercicios como la revocación de mandato, que registró una participación mínima. Además, la complejidad del proceso, que incluye la escritura manual de nombres en las boletas, podría alentar el ausentismo y prolongar el tiempo necesario para emitir un voto.
Berrueto destacó que esta situación representa una oportunidad para los estados, que tienen la facultad de legislar sus propios procesos electorales dentro de ciertos márgenes. Propuso que los estados aprovechen esta flexibilidad para diseñar reglas más simples y accesibles, como la introducción de ternas de candidatos en lugar de listas extensas, o la creación de un único comité de selección. Estos cambios podrían facilitar el proceso tanto para los votantes como para los organizadores, reduciendo la complejidad y mejorando la participación.
El presupuesto necesario para estas elecciones también plantea un desafío considerable. Berrueto criticó que las premisas económicas del gobierno federal, como el crecimiento proyectado del 3%, son demasiado optimistas, especialmente en un contexto económico global incierto. Este desequilibrio entre ingresos y gastos podría limitar aún más los recursos disponibles para la organización de elecciones. Sin embargo, destacó que el proyecto de presupuesto actual ha protegido en cierta medida los recursos destinados a los estados, evitando un impacto financiero mayor en las entidades federativas.
El Congreso de la Unión tendría que realizar una reforma constitucional para cambiar la fecha de las elecciones. Aunque Berrueto considera que el cambio es necesario para dar más tiempo al INE y garantizar una mejor organización, el calendario legislativo y las restricciones presupuestarias podrían complicar esta decisión. Además, cualquier ajuste a la ley electoral deberá hacerse con cuidado para evitar consecuencias negativas en términos de participación y legitimidad del proceso.
El pedido del INE para cambiar la fecha de las elecciones subraya los desafíos inherentes a una reforma electoral que introdujo un sistema de votación sin precedentes en México. Si bien la propuesta enfrenta resistencias y limitaciones, también representa una oportunidad para repensar y mejorar el sistema electoral, especialmente a nivel estatal. El éxito de estas elecciones dependerá de la capacidad de los actores involucrados para equilibrar la necesidad de eficiencia, participación y transparencia en un contexto de recursos limitados y tiempos ajustados.
