Este domingo, 30 de marzo de 2025, dieron inicio las campañas para la histórica elección del Poder Judicial en México, en la cual, por primera vez, la ciudadanía elegirá mediante voto popular a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces de Distrito, magistrados de Circuito y otros cargos judiciales. La jornada electoral está programada para el 1 de junio de 2025.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido que las campañas federales tendrán una duración de 60 días, mientras que, a nivel estatal, este periodo variará entre 35 y 60 días, dependiendo de la entidad.
Para esta elección, el INE ha implementado restricciones específicas en las campañas:
• Prohibición de actos masivos: Los candidatos no podrán realizar eventos multitudinarios.
• Limitaciones en publicidad: Se prohíbe la contratación de espacios en radio, televisión y medios impresos, así como la difusión de encuestas pagadas.
• Enfoque en redes sociales y propaganda impresa: Las campañas deberán centrarse en el uso de plataformas digitales y materiales impresos para la promoción.
Además, los topes de gastos de campaña han sido definidos según el distrito judicial electoral correspondiente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los montos oscilan entre 111,000 y 142,000 pesos, dependiendo del distrito.
El INE estima una participación ciudadana de entre el 8% y el 15% del padrón electoral, compuesto por 99 millones de votantes. Se prevé que el proceso de emisión del voto tome aproximadamente 10 minutos por elector, debido a la complejidad de las boletas y la cantidad de cargos a elegir.
Para informar y promover el proceso electoral, el INE contará con 24 minutos diarios en radio y televisión, destinados a difundir promocionales genéricos sobre el diseño de las boletas y el sitio web “Conóceles”, donde los ciudadanos podrán consultar los perfiles de los candidatos.
Esta elección representa un hito en la historia democrática del país, al permitir que la ciudadanía participe directamente en la conformación del Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial mexicano.
