En tanto la mayoría de los políticos están ocupados en las siguientes elecciones, ya sea de gobernador o quién será el próximo candidato presidencial, nosotros padecemos la delincuencia común, la organizada, pero, sobre todo, la del Estado.
Por Armando Salinas Torre
La inseguridad constituye uno de los principales problemas que aqueja a todos los estratos socioeconómicos del país, ya que nadie escapa a sufrir los estragos de la misma, sin embargo, no se le dedica la atención en la misma proporción a dicha prioridad social.
Requerimos que el Estado asuma la responsabilidad de ser la única entidad legitimada en el uso de la fuerza pública para enfrentar a la delincuencia y defender a la sociedad, ya que dicha lucha se debe realizar conforme a la ley y controlada por la misma, contrario a lo que muchos consideran con respecto a la venganza, represión o las mal llamadas autodefensas civiles, todo lo cual se realiza sin control alguno, incluso en agravio de inocentes.
No desconozco los excesos e ineficacias del Estado en la investigación, persecución y procesamiento judicial de los delitos, en los cuales, en muchas ocasiones, se afecta a inocentes, y es por ello que mencioné que en la sociedad también padecemos la delincuencia del Estado; me refiero no sólo al exceso de las instituciones en el cumplimiento de su deber, sino especialmente a las acciones deliberadamente delictivas, tanto de las instituciones que debieran garantizar la seguridad como del resto de los aparatos del Estado, comenzando por los recientes casos de los gobernadores acusados de encabezar verdaderas organizaciones delictivas en sus estados.
Existen muchas investigaciones especializadas con respecto a la infinidad de factores que generan la delincuencia, es por ello que también desde hace mucho tiempo se propuso una nueva perspectiva criminológica, la cual plantea un análisis sobre el desempeño de las instituciones públicas responsables de la investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos (además, incluso, análisis de los mecanismos de control social informales, pero eso será materia de otra colaboración).
Reitero que si bien es condenable que la sociedad padezca la delincuencia común u organizada, es verdaderamente injustificable la que se genera desde el propio Estado; toda vez que si bien es cierto que son prácticamente incontrolables los factores generadores de la delincuencia en nuestra sociedad, no se puede decir lo mismo sobre el control de las instituciones del Estado.
Los criterios de evaluación en materia de seguridad pública ya no pueden ser sólo el número de delitos que se cometen a diario, sino la calidad del servicio que se proporciona por las instituciones de garantizar la seguridad.
Una vez más, contrario a lo que expresan de manera pública y privada muchas voces sobre el golpe de timón que debiera hacer el Estado para enfrentar la delincuencia, de cualquier tipo, yo estoy convencido de que debe enfrentarse la delincuencia en forma profesional, controlada, mediante el uso legítimo de la fuerza, respetando y garantizando los principios del debido proceso, en forma eficaz y diligente.
En la medida en que logremos dicho objetivo, la sociedad sentirá más confianza y otorgará respaldo a las instituciones para enfrentar la delincuencia, y la reducción de los delitos vendrá como consecuencia; pero si, por el contrario, el objetivo actual de los gobernantes es encontrar culpables a como dé lugar para dar resultados inmediatos y cuidar la imagen del “jefe” para las próximas elecciones, las consecuencias no sólo las conocemos, sino las padecemos a diario.
De acuerdo con una encuesta del Inegi realizada en junio de este año, encontró que desde el año pasado 70% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, aunque dicho porcentaje puede variar dependiendo de las zonas geográficas, por ejemplo en Villahermosa, Coatzacoalcos, Acapulco, el oriente de la Ciudad de México y Chilpancingo el porcentaje es de 95, 94, 93.5, 91.2 y 88.6%, respectivamente.
La clase política está más enfocada en las próximas elecciones o en resolver en un par de meses un problema que tiene varias décadas y que, para ello, debemos invertir como Estado y sociedad al menos el mismo tiempo, en lugar de ignorar la conducta delictiva de los gobernantes.
