El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico en una corte federal de Manhattan, Nueva York. El veredicto fue emitido después de un juicio que duró poco más de dos semanas, en el que Hernández fue encontrado culpable de tres cargos relacionados con la importación de cocaína y el uso de armas para facilitar el tráfico de drogas.
Hernández, que gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022, fue acusado de utilizar su posición para colaborar con narcotraficantes y facilitar el envío de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Según la Fiscalía, su actividad delictiva no se limitó a sus dos mandatos presidenciales, sino que se extendió a lo largo de su carrera política, comenzando en 2004. Durante este tiempo, habría utilizado recursos del Estado, incluyendo a la Policía y el Ejército, para apoyar a las organizaciones de narcotráfico.
A pesar de la falta de pruebas concluyentes como videos o audios, el jurado fue convencido por los testimonios de notorios narcotraficantes que declararon en contra de Hernández. Estos testimonios fueron fundamentales para la condena del ex presidente, quien ha mantenido su inocencia durante todo el proceso.
El juez Kevin Castel fue quien dictó la sentencia, reteniendo los tres cargos presentados por la Fiscalía. Cada cargo conlleva penas severas: conspirar para importar cocaína puede ser castigado con hasta cadena perpetua, y el uso de armas para facilitar el tráfico de drogas también conlleva penas máximas de por vida.
Afuera del tribunal, medio centenar de hondureños celebraron el veredicto. Esta condena convierte a Hernández en uno de los políticos latinoamericanos de mayor rango condenados por narcotráfico, siguiendo los pasos del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega.
Hernández fue arrestado en su hogar en Tegucigalpa, Honduras, tres meses después de terminar su segundo mandato y fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. Durante su juicio, él negó haber aceptado sobornos y afirmó que los narcotraficantes que testificaron en su contra lo hicieron para obtener reducciones en sus propias sentencias.
Su condena representa un golpe significativo en la lucha contra el narcotráfico y destaca la cooperación entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos en la extradición y procesamiento de figuras clave del tráfico de drogas. Esta sentencia podría tener repercusiones importantes en la política hondureña y en la percepción pública sobre la corrupción y el narcotráfico en la región.
