Un juez de distrito en Estados Unidos determinó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump en Los Ángeles durante las protestas de junio fue ilegal, al violar la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al Ejército o a la Guardia Nacional realizar funciones policiales sin autorización del Congreso o del estado afectado . La sentencia fue dictada tras una demanda presentada por el gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general Rob Bonta, quienes acusaron al Ejecutivo federal de exceder sus facultades al desplegar fuerzas militares sin su aprobación .
La resolución judicial estipula que el uso de tropas armadas en tareas como arrestos, control de multitudes y patrullajes equivalió a instaurar una fuerza policial nacional bajo control directo de la Presidencia, lo cual contraviene los principios democráticos consagrados en la legislación federal . Se ordena que el uso de estas unidades en funciones civiles cese, aunque las disposiciones entrarán en vigor hasta el 12 de septiembre, a fin de otorgar margen para una posible apelación federal .
Aunque la orden no exige la retirada inmediata de todos los efectivos, sí señala que los aproximadamente 300 soldados aún activos no están debidamente entrenados para tareas de seguridad civil y prohíbe su participación en ejecución de la ley . La Casa Blanca ha anunciado su intención de apelar la decisión, calificándola como un intento judicial de usurpar los poderes del comandante en jefe . Por su parte, el gobernador Newsom celebró el fallo como una victoria ciudadana contra la militarización indebida de la seguridad pública .
Este fallo marca un nuevo revés legal para la administración Trump, que ya ha enfrentado derrotas en varias otras controversias judiciales relacionadas con aranceles, política migratoria y deportaciones exprés
