El comandante regional de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) en la ciudad de Chicago ha sido instruido por una magistrada federal a que rinda un informe diario sobre los operativos y el empleo de la fuerza por sus agentes. Según información reciente, esta decisión surge tras denuncias por “uso excesivo de la fuerza” y la violación de una orden judicial que restringía determinadas tácticas durante los operativos migratorios en la ciudad.
La medida fue dictada por la jueza Sara Ellis, quien estableció que el comandante Greg Bovino deberá acudir al tribunal al culminar cada día laboral para entregar un reporte detallado que incluya todas las detenciones y los incidentes en los que se empleó fuerza.
Este mandato judicial se da en el contexto de la operación denominada “Operation Midway Blitz”, desplegada por las autoridades migratorias en Chicago a principios de septiembre de 2025. Durante este operativo, agentes descendieron en rápel desde helicópteros y se registraron denuncias por el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes y civiles, lo que generó críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y medios de comunicación.
El artículo del medio televisivo informó que la jueza ordenó que “Bovino presente … todos los informes de uso de la fuerza de los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en el operativo de Chicago desde el 2 de septiembre”. Además, los informes diarios formarán parte de una supervisión más estrecha del tribunal federal sobre los agentes en esta jurisdicción.
Desde la perspectiva de las autoridades federales, el despliegue en Chicago responde a una estrategia para contener los flujos migratorios. No obstante, en las calles de la ciudad se generó malestar y protestas frente al aumento de las detenciones y al modo en que se llevaron a cabo. Como resultado, la jueza también ha impuesto otras restricciones al accionar de los agentes, incluyendo el uso obligatorio de cámaras corporales y la prohibición de ciertas tácticas antidisturbios.
Este caso adquiere particular relevancia porque marca un control judicial directo sobre las operaciones de migración en un momento de alta tensión entre autoridades federales y jurisdicciones locales en Estados Unidos. Observadores señalan que la supervisión judicial puede sentar precedentes sobre los límites del uso de la fuerza y de las capacidades de supervisión de los tribunales en materia migratoria.
