Claroscuro, por: Francisco López Vargas
La consulta como tal es un propósito que vaya que daría buenos resultados si se utilizara para temas importantes y trascedentes para la vida pública del país. Una práctica impecable cuando se hace cómo se debe, con un padrón confiable y con una autoridad que usa a la sociedad, a los ciudadanos, como avales de un proceso impecable.
En el ejercicio del domingo pasado los electores no respondieron como se esperaba y quizá se deba a que el juicio de la historia ya hizo lo propio con los ex presidentes, como lo hará con el actual y sus resultados.
El Instituto Nacional Electoral cumplió en tiempo y forma con lo que le mandató el Congreso por lo que es falso que haya evitado la promoción de la consulta que tenía fechas previstas por ley.
Si el INE no hubiera cumplido con el mandato, de todos modos se le hubiera censurado porque la decisión presidencial es someterlo a su mandato para que ejecute lo que le ordena el presidente y no lo que la decisión popular ordene. Que se entienda, el presidente finge ser demócrata y humanista porque con esos argumentos ha logrado todo el poder que hoy detenta.
Por desgracia, la del pasado domingo primero lo único rescatable es que la consulta se pudo hacer y no sirvió para destruir algo, para acabar una inversión, y menos para consolidar un tema que sólo ha servido como distractor.
Como suele hacerlo, el presidente responsabiliza al pasado de lo que nos ocurre en el presente como una estrategia para que no se analice el presente, ese lleno de fracasos, de errores y de imposiciones que sólo lo hacen feliz a él y a sus seguidores.
Lo bueno de la consulta es que fue bien organizado y legal, lo malo es que no hay aún una legislación sobre el tema y menos sobre la revocación de mandato que se realizaría en ocho meses si el presidente cumple con lo que dice la ley de proponerla en octubre próximo.
Lo que ha sido muy nutritivo, confieso que a ratos incluso de flojera, ha sido el cúmulo de argumentos y de justificaciones que hemos leído y escuchado en pro y en contra. La interpretación se ha dado de acuerdo con el ánimo de quien la expone y vaya que ha habido malabarismo.
El resultado de la consulta ha sido paupérrimo porque la propuesta no sólo es confusa sino manipuladora y la gente, la gran mayoría, tiene claro que no representa nada para nadie proceder contra quienes ya juzgó la historia y el veredicto no ha sido favorable.
La polarización de opiniones sobre los ex presidentes es tan variada como certera: una parte ya los condenó como el peor basado en sus expectativas personales en cada uno de ellos y lo mismo sucederá con el actual porque muchos no han necesitado esperar a que termine su gestión para tener una postura muy definida de su gobierno.
Pero si la gente está confundida y vaya que muchos de ellos no saben de leyes ¿qué podemos esperar de quienes son miembros del Colegio de Profesionistas en Derecho, Barra de Abogados de Campeche, A.C?
Firmado por Francisco Eustaquio Portela Chaparro, en su calidad de presidente, y otros miembros, la agrupación considera que el Tribunal Electoral del Estado validó el triunfo de Layda Elena Sansores San Román como gobernadora Constitucional del Estado de Campeche cuando aún quedan temas por desahogar en la elección que se mantiene impugnada por otros dos candidatos y que deberá definirse cuando la última queja sea resuelta, a favor o en contra, en un tribunal federal que dará la última palabra.
Poco abonan a la certeza jurídica quienes haciendo mal uso de la hermenéutica asumen que la decisión de un tribunal en la interpretación legal de los hechos es única e inexpugnable. La lectura de las impugnaciones aportará elementos para definir si hay certeza en el reclamo o está hecho con bases no acreditadas.
Layda será gobernadora sólo cuando el último reclamo sea ventilado y desechado o, en su caso, si las impugnaciones proceden y no son suficientes para modificar el sentido del voto en la elección. No antes.
Ya en otra ocasión, otro grupo de abogados entregó presea al actual fiscal general del Estado de Campeche cuando se vislubraba que él sería el encargado de esa cartera. Entonces, como ahora censuré el hecho porque obviaba que en su anterior encomienda en el cargo éste lo usó para su beneficio personal y privilegiar su práctica privada con fines de lucro. Pareciera que eso premiaron.
Ser acomodaticios es parte del comportamiento de una sociedad que siente desprecio del Derecho cuando éste no le favorece o pretenden que sirva sólo cuando a ellos y sus intereses conviene.
En esta columna no le negaremos a la candidata, hasta hoy con mayoría de votos, su calidad de gobernadora electa y consticional cuando esto lo defina la Corte y rinda protesta ante el Congreso, hacerlo antes sólo exhibe a los acomodaticios, como sucedió, a criterio del columista, con los promotores de una consulta tendenciosa que preguntaba si la aplicación de la ley debe ser a contentillo y sujetarse a argumentos políticos.
El imperio de la ley jamás deberá ser sujeto a conveniencia porque hacerlo es lo que nos tiene hoy con una impunidad que se refleja en que el 92 por ciento de las denuncias queden sin resolución y provoque que haya más inocentes que culpables tras las rejas.
El tema da para más, sobre todo cuando en ocho meses debemos asistir a la consulta de revocación de mandato que, hasta hoy, sigue sin tener una ley reglamentaria lo que haría muy tortuosa la regulación de ese ejercicio cívico.
Si no le apostamos a la ley, viviremos en una anarquía perpetua sobre todo cuando, por lo expuesto por el presidente, no tiene respeto ni a las leyes del mercado que, como las otras, siempre le cobrarán su desprecio.
