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Justicia: Volver Costumbre la Dignidad

Jorge Valladares Sánchez
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Por: Jorge Valladares Sánchez.*

En Facebook y en Youtube: Dr. Jorge Valladares. 

Esta semana tuve el placer y honor de participar en el programa de Lídice Rincón Gallardo y Zulema Lugo, que amablemente me invitaron a compartir sobre una de mis pasiones conocidas, ¡je!, la democracia participativa.

Entre otros puntos comentados y reflexionados con ellas y Daniel Cervantes, Lídice me hizo una pregunta, que quiero compartir. Esto porque siento zozobra al repensar mi respuesta y me doy cuenta que no es la primera vez que respondo así.

Aquí hablando del acceso a los derechos políticos, de la inclusión democrática para personas que tienen alguna discapacidad. Todavía hace pocas semanas, mi buen amigo, Luis Quintal, en sus cápsulas de SIPSE Deportes, me preguntaba lo equivalente para la aplicación de los derechos humanos en el deporte. Y en ambos casos y varios más, me doy cuenta que suelo dar un paso atrás a una pregunta precisa, importante y urgente; sin saber si es para bien o para mal que dos doctorados (uno en derechos humanos, ¡uf!) y 30 años de trabajar de varios modos los temas han generado mejores preguntas aunque aún pocas respuestas.

Acudo de nuevo a lo expresado hace un mes en este generoso espacio que brinda La Revista Peninsular, donde argumenté el buen inicio que sería que toda persona pudiera ejercer simplemente un derecho: el Derecho a Ser Humano. Que podría definirse para fines operativos en “trata a los demás, como quieras ser tratado”, ya que el buen ejercicio de tal derecho incluye todo lo que aceptaría recibir de los demás por ser humano. “Si vale para mí, vale para las demás personas; si lo considero válido hacia alguna otra persona, es porque es válido para o hacia mí”.

Lídice se autodefine como una luchadora social, defensora de derechos humanos, activista, mujer y feminista, todo lo cual yo veo, y añado: apasionada generadora de alianzas para atender lo importante con urgencia. Su pregunta fue: ¿Cómo son las acciones afirmativas para personas con discapacidad psicosocial, para algunas de las cuales está en tela de juicio su capacidad jurídica, y otras requieren de una capacitación para la comprensión de su derecho al voto? Esto para que tengan una adecuada representación política y participen de manera plena y con absoluta libertad.

Mi respuesta fue que, definitivamente, tenemos una deuda histórica como sociedad, como humanidad, con diversas personas por tener una condición particular, ya sea de origen, de discapacidad, hasta hace poco incluso por sexo (que tampoco se acaba de atender); la cual agrava una situación que, de tan común que es, se nos escapa a la vista. Sigue sin resolverse que los derechos de las personas, de las personas en general, en el mundo, el país o la comunidad se cumplan; se tenga acceso a ellos, y más allá de que se respeten, cualquiera los pueda ejercer.

Es cotidiano y abrumadoramente normal que aun existiendo el derecho (en ley, obvio), aun habiendo una institución y autoridades que cobran para garantizarlo, aun conociendo yo o tú ese derecho, incluso a la letra, y estando en la disposición de ejercerlo: a la hora de intentarlo no sea posible. Y puede incluso haber previsiones institucionales y legales para lo que debería ocurrir si no se nos da acceso a tal derecho, pero eso no significa ni que se logre ejercer, ni que persona alguna sea sancionada por no cumplirlo o garantizarlo.

La maldita posmodernidad nos ha convertido a la resiliencia en una capacidad, casi una virtud humana para reponernos ante la adversidad; pero lo cierto es que en la auténtica resiliencia volveríamos al estado original y fortalecidos/as por haberlo resistido; en los casos de tolerar como normal estas situaciones políticas, económicas e institucionales, al cabo de aguantar, quedamos cada día en peor condición y con una sensación de indefensión o impotencia que avanza hacia lo paralizante, luego de pasar por la triste resignación.

En efecto, ampliando la respuesta a la importante pregunta de Lídice, existen lo que ahora llamamos acciones afirmativas, versión institucional y académica de lo que simplemente debería llamarse actos de justicia o ejercicios de comunidad. Algunas de ellas logran efecto en favor de algunas de esas personas que han vivido los efectos del desequilibrio o falta de sensibilidad social, pero es raro que lo hagan de manera permanente, progresiva y definitivamente no es generalizada.

Ya llevamos siglos del postulado más actual de lo que quiero decir. Lo posicionamos como lema de la Revolución Francesa, pero ya lo sabíamos desde antes; y seguimos sin implementar la fórmula. En nombre de la libertad y la igualdad se han escrito ríos de tinta y se han librado batallas presenciales, virtuales e imaginarias, pero la ausencia del tercer ingrediente sigue siendo evidente y pocos logran darnos luz de cómo implementarlo, sin lo cual los otros dos siguen flotando en la cacerola, se consumen a discreción y nada más no cuajan.

Es absolutamente cierto que ha habido, hay y no se ve por dónde vayan a terminarse, la miríada de injusticias que viven millones de personas, en especial quienes tienen una condición que les complica hacer lo que las demás, y más aun si están dentro de alguna “minoría”. Como también creo cierto que en la generalidad de los intentos por resolverlos tomamos puntos de partida parciales, intenciones circunstanciales y acciones asistemáticas que poco ayudan a que lo invertido socialmente tenga el efecto que podríamos tener si actuáramos en colectivo, pensáramos con estrategia y observáramos con cristales meramente humanos.

Ayer, recibí una llamada que acentuó o actualizó este estatus de justicia en el que estamos acostumbrados a vivir. Una persona, a la que conozco poco, pero me alcanza para decir que es bueno tenerle en el vecindario, persona sensible y ocupada de sus asuntos, me llamó. No tenemos contacto frecuente, a pesar de lo cual, me dijo, creyó que podría yo orientarle acerca de qué hacer con un problema, ya que ha leído algunas veces lo que escribo.

Y temo que poco pude decir y menos hacer. Con los recursos que cuenta y por una necesidad física inició un tratamiento en una lugar que se anuncia como especializado. Hizo pagos que representan una carga fuerte para su economía. Recibió ya varias muestras de negligencia tanto del profesional que le atiende (descuidos, falta de previsiones), como de lo que legalmente se llama negligencia profesional (falta de pericia para ejercer lo que debería como especialista). Al grado lamentable de la iatrogenia (cuando el propio profesional genera alteraciones negativas al estado de la paciente).

Y hoy esta persona se encuentra peor que como empezó en su estado de salud. Desesperada en su estado de ánimo. Burlada en el tema económico. Impotente frente a la falta de recursos para volver al menos al punto de partida e iniciar en otro lugar el tratamiento y el de las nuevas afectaciones generadas en el proceso.

Sí. La ley prevé que tiene alternativas, tanto por la inadecuada provisión de un servicio de la clínica, como frente a la responsabilidad profesional de quien se anuncia como especialista. Es evidente que esto no debió pasar, incluso a reserva de escuchar a la otra parte. Y pareciera que la mínima solución estaría dirigida a que le devuelvan su dinero.

Ahora ayúdame a pensar, y escríbeme para que lo conversemos, fuera de opinar lo que nos nazca, de desahogarnos por vivencias similares, de lucir nuestros conocimientos sobre leyes o instituciones, de comentar libremente sobre lo que juzguemos como errores o cosas que debieron hacerse: ¿Dónde hay una solución para esta persona?

Lo directo, asumiendo que eso mínimo es justo, sería que diga: “devuélveme mi dinero”. Y lo correcto en ese caso sería que el especialista lo haga, y con otro mínimo de educación, diga: “lo siento”. En la isla de Tomás Moro, donde cada día las personas hacen lo que sirve para ser mejores humanos, eso pasaría. Pero si en nuestra Blanca Mérida esa no es la respuesta que recibe, ¿qué puede hacer? Sin que le acabe resultando más costosa, cansada, peligrosa o dolorosa la búsqueda de justicia que lo que ya vivió.

Contratar un abogado/a que demande… Acudir a la PROFECO, a la CODHEY, al Colegio de Profesionistas del ramo de ese especialista… Enfrentar a la persona con palabras o fuerza física… Hacerle pagar el daño y actitud con un daño recíproco a sus instalaciones, bienes o fama pública… O sería mejor, “dejarlo por la paz”, juntar otra vez la cantidad e iniciar de nuevo.

Si añado aquí la edad de esa persona, sexo, origen, condición de sus capacidades o clase social… ¿cambiaría la situación de injusticia y la falta de opciones para resolverla? Yo pienso que no. Pero sin duda la percepción cambiaría si lo hago. Y afortunadamente hay importantes y valiosas asociaciones civiles que procurarían apoyarle si su descripción correspondiera con la lucha que abanderan. Pero tampoco cuentan con la estructura y apoyo económico y social como para llegar a todas las personas que quisieran.

Le escuché. Le dije algo de lo que sé. Y le proporcioné posibles puntos de contacto. Y sé que esto, como quiera que acabé será injusto, y saberlo ya es lamentable; que así suceda será otro punto de retroceso para nuestra vida en comunidad.

El Rincón de Lídice, como se llama el programa de estas maravillosas mujeres, tiene por lema “Hasta que la Dignidad se haga Costumbre”. Y es una de las mejores pistas que puedo ver para levantar el vuelo con rumbo a ese destino de la justicia, donde los derechos humanos sean los derechos para los humanos, donde simplemente lo que nos importa incluya con claridad a lo que vive nuestra gente como comunidad.

La Dignidad, ya he dicho en muy apretado resumen, es la cualidad que nos hace humanos. Mientras que las cosas tienen un valor, la naturaleza humana se construye y valida sobre La Dignidad.

La larga lista de derechos humanos acumulados en escritos por las instituciones y la academia centran en este o aquel derecho lo que requiere presupuesto, políticas, acciones o al menos reacciones. Personas que en verdad se dedican a ello, logran algunas victorias caso a caso, para reponer las cosas a donde siempre debieron estar. Pero vamos lento, y los casos siguen aumentando cada día.

Por ello (me justifico tal vez), doy ese paso atrás cuando respondo. La importancia de cada caso y cada tema o causa no debe distraernos de la reflexión, primero propia e inmediatamente después en nuestro micro cosmos de relaciones, de volver a actuar la justicia en lo inmediato, con cada persona. Porque lo que le pasa a ella, te puede pasar a ti (eso no asusta mucho, si no requieres ese tratamiento), pero más importante, lo que no considerarías justo permitir contigo o con alguien amado, tampoco debería estarle pasando a nadie más por el simple hecho de que no le conocemos o tenemos afecto personal.

Las autoridades a las que nombramos y les pagamos (y muy bien) para que nos provean de las bases para que sea posible resolver situación por situación, tiene en efecto una gran responsabilidad. Y seguiremos conversando de ello en otros artículos. Pero hablar entre nosotros (o, peor, a solas) de lo que deberían hacer o de sus malas intenciones o pésimo desempeño, ni hace que se enteren, ni mucho menos que mejore el servicio que deben proveernos.

La capacidad de indignarnos vicariamente, solidariamente, humanamente es la urgencia principal y tenemos oportunidades de practicarla y actuar en consecuencia con suficiente frecuencia. El reto es incluirla dentro de nuestras prioridades, que no son egoístas, sino simplemente las que hemos aceptado hasta hoy; pero eso puede cambiar, si quieres; y si no, no.

*Jorge Valladares Sánchez
Papá, Ciudadano, Consultor.
Doctor en Derechos Humanos.
Doctor en Ciencias Sociales.
Psicólogo y Abogado
Representante de Nosotrxs, A.C. en Yucatán

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