El 2 de octubre de 2025, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció que trasladará su personería jurídica fuera del país como reacción a la Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el presidente Nayib Bukele. Según la asociación, esa decisión resulta necesaria para “trabajar sin limitaciones, presiones”.
La polémica ley fue aprobada en mayo y obliga a las organizaciones que reciban fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros y a pagar un impuesto del 30 % sobre esas donaciones. Críticos denuncian que esta normativa opera como un mecanismo para coartar la labor de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil.
En septiembre, la APES había anticipado el cierre de oficinas y la suspensión de proyectos financiados por cooperación internacional, citando “las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone” la ley. En su comunicado de salida, reportaron que entre marzo y junio de 2025 al menos 43 periodistas salvadoreños abandonaron el país por temor a detención, en particular aquellos vinculados a medios independientes.
La APES no es la única organización que emprende esta vía: la reconocida entidad de derechos humanos Cristosal también anunció su salida del país citando la criminalización creciente de defensores, la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros y la debilitada institucionalidad.
Para el gobierno de Bukele, la normativa busca evitar “injerencia extranjera” y dotar al Estado de mecanismos para decidir qué entidades pueden operar legalmente. En un discurso televisado, el presidente afirmó: “Lo único que le vamos a pedir es que paguen sus impuestos”, y justificó la ley como un medio para preservar la soberanía nacional.
Organismos internacionales, prensa extranjera y asociaciones defensoras de derechos han expresado alarma ante lo que consideran un retroceso para la libertad de expresión y el pluralismo. En su comparación con normativas similares en Nicaragua, señalan que estas leyes permiten al gobierno limitar qué organizaciones pueden funcionar y sancionar con cancelación de personería o multas severas.
El éxodo de la APES marca un momento simbólico y práctico en la batalla entre el poder estatal y los medios independientes en El Salvador, en un contexto donde ejercer el periodismo crítico parece tornarse cada vez más riesgoso.
