Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del caso conocido como “Vialidad”. En esta causa se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en la provincia de Santa Cruz, donde el kirchnerismo tiene profundas raíces políticas.
El tribunal compuesto por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resolvió ratificar la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, que había encontrado a la exmandataria culpable de administración fraudulenta de fondos públicos. La condena fue confirmada por considerar que Fernández de Kirchner fue responsable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, debido a las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos de obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.
La condena de seis años de prisión, junto a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, podría obstaculizar las aspiraciones políticas de Fernández, quien actualmente ocupa una banca como vicepresidenta de la Nación. En este contexto, se especula con la posibilidad de que la exmandataria intente postularse nuevamente en las elecciones legislativas de 2025, pero la condena confirma que su futuro político queda seriamente comprometido. Sin embargo, la defensa de Fernández adelantó que apelará esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría extenderse por meses o incluso años.
La expresidenta, quien no estuvo presente en la audiencia del miércoles, había anticipado el fallo en su contra a través de un comunicado publicado el día anterior. En dicho escrito, Fernández denunció un supuesto intento de “proscripción” y aseguró que la causa “Vialidad” se trata de un “show” cuyo objetivo es “inhabilitarla a perpetuidad”. Asimismo, acusó a los jueces que confirmaron la condena de tener vínculos con el expresidente Mauricio Macri, lo que, según ella, afectó su imparcialidad.
Fernández también se refirió a lo que ha denominado un proceso de “lawfare” (hostigamiento judicial y político) en su contra, una acusación que ha repetido en varias ocasiones durante su carrera política.
Además de la confirmación de la condena a Cristina Fernández, la Cámara ratificó las sentencias para otros implicados en el caso, entre ellos el empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado a seis años de prisión por su rol en el escándalo de corrupción. Igualmente, fueron condenados el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, ambos con la misma pena de seis años de prisión.
Por otro lado, el tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de aplicar una condena por el delito de asociación ilícita a Fernández y otros acusados. También se confirmaron las absoluciones de varios de los involucrados, como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, y Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner es un nuevo capítulo en un caso que ha polarizado la política argentina. A medida que se acerca el fin del mandato presidencial de Alberto Fernández, y con la vista puesta en las elecciones de 2025, el escenario judicial y político de la exmandataria se complica aún más. Su defensa sigue apelando a la imparcialidad del proceso, pero las repercusiones de este fallo podrían tener un impacto duradero en su carrera política.
Este veredicto también resalta las tensiones sobre la justicia en Argentina, donde las investigaciones por corrupción siguen siendo un tema central, al mismo tiempo que se cuestionan los límites entre la política y el judicialismo. Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación Penal ratifica que la lucha contra la corrupción continúa siendo una prioridad para la justicia del país, aunque los procesos judiciales, como en el caso de Fernández, pueden tomar años para resolverse completamente.
