Editorial La Revista Peninsular
Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), continúa generando controversia por su postura
respecto a la reforma electoral. Además de ser contraria a la Constitución, la
posición que ha tomado la “ombudsperson” sobre el Instituto Nacional Electoral
parece carecer de coherencia pues pretende vincular a la autoridad electoral
con hechos ocurridos hace más de medio siglo.
Hace unas semanas, cuando el debate en torno a la
reforma electoral del presidente López Obrador se encontraba en su punto más
intenso, la CNDH sorprendió a más de uno tras emitir un comunicado en el cual
pedía a los legisladores federales transformar a la autoridad electoral en los términos propuestos por el
presidente. Además, acusó al INE de ser una institución parcial y aludió a un
sabotaje a la dignidad del pueblo.
Es importante señalar que los señalamientos de la CNDH
se hicieron dentro del pronunciamiento de una recomendación general que
reconoce graves violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado Mexicano
entre 1951 y 1965. Por esto, no está claro si las recomendaciones de la
Comisión se deben a que considera al INE culpable de estos hechos que
sucedieron antes de su existencia o si busca evitar que pasen en el futuro, a
pesar de que no hay un contexto que indique dicha posibilidad.
El INE no tardó en responder a los ataques de la CNDH
y emitió un comunicado en el cual aseguraba cumplir sus obligaciones
constitucionales y reprochaba que la Comisión había violentado la Constitución
pues su artículo 102 dicta que los organismos autónomos especializados en
derechos humanos no tienen competencia en temas electorales. Esta posible
violación a la Carta Magna se encuentra bajo revisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ya que tanto la CNDH como el INE presentaron quejas ante
el máximo órgano del poder judicial.
Los partidos de oposición también criticaron
públicamente a la titular de la CNDH por su postura pues la consideraron una
presión indebida en contra de los legisladores. MC, además de externar sus
críticas, también llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
En el Senado, la oposición pidió una comparecencia e
incluso la renuncia de la “ombusdperson” por su invasión de facultades y su
evidente sumisión al poder ejecutivo. El senador Ricardo Monreal, por cierto,
rechazó que su bancada vaya a pedir la renuncia de Piedra Ibarra, pero
reconoció que esta no actuó correctamente.
La postura de la titular de la CNDH fue criticada
hasta por los consejeros honorarios de la Comisión. En un comunicado firmado
por 7 de los 10 consejeros, estos afirman estar en contra del pronunciamiento
sobre el INE y aseguran que se trata de una interpretación política exclusiva
de Rosario Piedra, a quien exhortan a mantenerse en el lenguaje acordado por su
instituto ya que de lo contrario desvirtúa los mecanismos de defensa de
derechos humanos.
La postura de Rosario Piedra Ibarra ha sido criticada
por múltiples sectores y actores políticos debido a que va en contra de la
Constitución, demuestra el sometimiento de la CNDH ante el poder ejecutivo y
carece de sustento lógico pues parece que se responsabiliza al INE de actos
cometidos cuando no existían los órganos electorales autónomos. Esperemos que
la “ombudsperson” desista de este frente en contra de la autoridad electoral
pues, además de violentar el orden constitucional y promover la desinformación,
está descuidando sus tareas relativas a los derechos humanos y la protección de
víctimas.
