Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso histórico en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia al declarar inconstitucional una norma del Código Civil de Campeche que impedía a menores de 18 años tramitar una nueva acta de nacimiento que reflejara su identidad de género autopercibida.
El artículo impugnado —el artículo 149 Ter, fracción III— requería como único documento válido la credencial para votar, lo que automáticamente excluía a jóvenes sin mayoría de edad. La Corte, en su resolución, consideró que dicha exigencia vulneraba derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad y de género.
Como señaló el ministro ponente, “el Congreso de Campeche no tomó en consideración que la niñez y la adolescencia pasan por distintas etapas en su vida, en las que van desarrollando progresivamente habilidades, emociones que les permiten tomar gradualmente decisiones más y más importantes” —a lo que la Corte denomina “autonomía progresiva” de la niñez y la adolescencia—.
Con esta sentencia, la invalidez surtirá efectos una vez que sea notificada al Congreso del estado; esa instancia tendrá un plazo de 12 meses para adecuar su legislación conforme al criterio de la Corte.
Este fallo no solo reconoce una exigencia de derechos fundamentales, sino que marca un precedente simbólico y práctico para la población joven transgénero en Campeche. Al abrir la posibilidad legal de modificar su acta de nacimiento sin necesidad de esperar a la mayoría de edad, el Estado reconoce su identidad en formación, validando su dignidad y su derecho a la identidad.
Asimismo —aunque el foco en este caso es Campeche— la decisión de la Corte se inscribe en una trayectoria legal más amplia de reconocimiento de derechos de la diversidad sexual en México, en el marco del respeto constitucional a la igualdad de género.
Este cambio legal tiene un significado profundo: para muchas niñas, niños y adolescentes, representa la posibilidad de vivir su identidad sin barreras administrativas que antes los obligaban a esperar, muchas veces, hasta cumplir 18 años. Es un paso hacia un Estado más inclusivo, en el que las identidades no dependan de la fecha de nacimiento, sino del reconocimiento y la dignidad.
