En una decisión histórica emitida el 1 de julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los presidentes gozan de inmunidad absoluta por actos realizados en el ejercicio de sus poderes constitucionales fundamentales, y de una inmunidad presuntiva para otros actos oficiales. Sin embargo, esta protección no se extiende a acciones de carácter privado.
El fallo surge en el contexto de las investigaciones sobre la presunta interferencia electoral de Donald Trump durante las elecciones de 2020, incluyendo los eventos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. La Corte, en una votación de 6 a 3, concluyó que, si bien Trump posee inmunidad para actos dentro de su autoridad constitucional central, no está protegido frente a procesos penales por acciones privadas.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en la opinión mayoritaria, afirmó que los presidentes “no pueden ser procesados por ejercer [poderes constitucionales fundamentales]” otorgados por el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos. No obstante, aclaró que esta inmunidad absoluta no se aplica a “conductas en áreas donde su autoridad es compartida con el Congreso”.
La Corte también rechazó la solicitud de Trump de desestimar la acusación en su contra. Determinó que algunos de los actos alegados estaban claramente protegidos por la inmunidad, mientras que otros requerían un análisis más detallado. Por ejemplo, los supuestos intentos de Trump de influir en el Departamento de Justicia para producir listas alternativas de electores fueron considerados inmunes al enjuiciamiento. Sin embargo, las presiones ejercidas sobre el vicepresidente y funcionarios estatales serán evaluadas en instancias inferiores.
Esta decisión ha generado un intenso debate sobre los alcances de la inmunidad presidencial y sus implicaciones para futuros mandatarios. Mientras algunos consideran que fortalece la separación de poderes, otros advierten sobre posibles excesos en el ejercicio del poder ejecutivo sin las debidas responsabilidades legales.
