Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
En una nota firmada por Abel Barajas para el periódico Reforma, se da cuenta de que un grupo de seis ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorialidad y Urbano (Sedatu) fue vinculado a proceso por presuntos desvíos de 839 millones 769 mil 480 pesos, en el caso denominado “Estafa Maestra”.
El tema merece atención precisamente porque la titular de esa dependencia, Rosario Robles Verlanga, ha sostenido que ella tiene las manos limpias en esta investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados fueron procesados por jueces de control de la Ciudad de México por cuatro expedientes en los que les imputan los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y el subprocurador en Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, dijeron en conferencia de prensa que los imputados llevan sus procesos en libertad, debido a que los delitos que les atribuyen no ameritan la prisión preventiva oficiosa en el nuevo sistema penal acusatorio.
Aunque se les insistió en que dieran a conocer los nombres o los cargos de los ex funcionarios, dado que fueron procesados en una audiencia pública y por tanto su situación no corresponde al de un indiciado en la investigación inicial, los mandos de la FGR se negaron a revelarlos, con el argumento de que querían evitar cualquier violación al debido proceso.
Gertz informó que de 2015 a la fecha la FGR ha iniciado tres averiguaciones previas contra siete funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 20 carpetas de investigación contra 57 presuntos implicados.
De estas últimas, se judicializaron los cuatro expedientes que derivaron en los seis procesamientos.
Muñoz Vázquez detalló que, en el caso de las averiguaciones bajo el sistema de justicia tradicional, dos están avanzadas en un 70 por ciento, aunque suspendidas por jueces de amparo, y la otra ya ha sido concluida y han elaborado el pliego de consignación para solicitar órdenes de aprehensión.
El subprocurador expuso que hay seis amparos de ex funcionarios contra los citatorios de los jueces de control para que comparezca a las audiencias de imputación; al mismo tiempo, existe una apelación contra el fallo de un juez que determinó no vincular a proceso a un imputado.
La Subprocuraduría, agregó, pidió información a la Sedesol y la Sedatu como parte de 13 carpetas de investigación que están en curso, pero hasta el momento están pendientes las respuestas.
Por ahora, mencionó, no están señalados en las investigaciones de la Fiscalía los tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en la administración pasada presumiblemente fueron relacionados con este caso, aunque mencionó que seguirán indagando.
Los funcionarios en cuestión son Miguel Lozada Aguilar, director de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP, y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
El caso denominado “Estafa Maestra” involucra una serie de presuntos desvíos por 3 mil 433 millones aparentemente cometidos por 11 dependencia y ocho universidades, el cual originalmente fue detectado y denunciado ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación.
Las dependencias implicadas son la Sedesol, la Sedatu, Pemex, Banco Nacional de Obras, las Secretarías de Educación Pública y de Economía, así como la de Comunicaciones y Transportes.
Las universidades que presuntamente se usaron como intermediarias son la Autónoma del Edomex; del Carmen, en Campeche; Morelos; Popular de la Chontalpa; Juárez, de Tabasco; Tecnológica, del mismo estado; Politécnica del Golfo de México y el Instituto Técnico Superior de Comalcalco.
Según la mecánica detectada, el Gobierno federal entregaba los recursos a las universidades y éstas contrataban a empresas “fantasma” y cobraban una comisión millonaria.
Esta sí es una buena noticia, precisamente porque el caso no sólo evidenciaba una completa corrupción sino que además era un claro reflejo de la impunidad que se manifestó descaradamente en el anterior gobierno.
Bien por el nuevo gobierno, una de cal por las de arena que esperamos no sean la excepción sino la regla. En este país lo que más hace falta es la justicia y que los culpables paguen sus delitos.
PD: Lo mismo debería suceder en Yucatán, ante las carpetas de investigación presentadas por el gobierno local. Sólo la llegada a buen puerto de las investigaciones merecerán un reconocimiento a las actuales administraciones.
