Facetas de México, por: Carlos Salazar Arriaga.
Pascacio Taboada C. p_taboada2005@yahoo.com.mx y Jorge Martínez Cedillo atlaanteleon@gmail.com
Impactará las 60 cadenas de valor que dependen del
maíz amarillo. Afectará los precios de la leche, huevo, pan, tortillas,
harinas, carne de pollo, cerdo, res, embutidos, mantequilla, entre muchos otros
más.
La política Agrícola de México implementada por el
actual Gobierno, está vetada para pequeños y medianos productores y sus
organizaciones que generan excedentes de alimentos para compartir en el mercado
y brindar seguridad alimentaria.
El divorcio del interés en este tema tan estratégico y
de seguridad nacional de ambos actores (Gobierno y sector productivo) es
evidente, a ello se suma el impacto que tendrán las 60 cadenas valor que
dependen del maíz amarillo importado de EE.UU. que se dejará de importar por el
decreto de diciembre del 2020, el cual afectará la producción nacional de
derivados alimenticios, alimentos balanceados y sector pecuario donde se
elaboran más 2000 derivados del maíz amarillo.
Esto se verá reflejado en el aumento de precios de los
productos que del grano importado se elaboran, sobre todo los de la canasta de
alimentos de la familia mexicana cómo el pan, leche, huevo, tortillas, harinas,
refrescos, carne de pollo, cerdo, res, embutidos, mantequilla, sazonador,
aceite, manteca y un sinfín de productos de consumo popular.
Esta política pública actual en el sector agropecuario
y rural, está orientada por un grupo radical con evidente carga ideológica en
una franca confrontación contra quienes generan rentabilidad e invierten en una
actividad de excesivos riesgos.
Esta política influenciada por funcionarios públicos
que sin recato y con evidentes conflictos de interés, diseñan “seudo
políticas” con orientación de “lucha de clases”, asumiendo actitudes
como militantes de organizaciones “ambientalistas fanáticas” que
dejan de lado el objetivo de la función pública de diseñar políticas para el
bien público, no el interés particular de minorías, pues se alejan de criterios
de objetividad como el beneficio costo social y económico de estas políticas
públicas, su impacto en los parámetros que miden la seguridad alimentaria, el
desarrollo social y el combate a la pobreza, la diseñan e influyen con
actitudes de cortesanos ante un poder ejecutivo cargado de egocentrismo y
confrontación, pero ignorante de los impactos que tendrá sus acciones de
política pública en el sector para los mexicanos, principalmente en lo
concerniente al combate a la pobreza, seguridad alimentaria y desarrollo rural
y agropecuario.
Se estima que los impactos de esta política serán
inflacionarios, de escasez y de incremento de las importaciones, no sólo de
productos básicos, sino de productos alimenticios semielaborados y terminados,
que se dejarán de producir en México.
Ya se tuvo que aplazar hasta el 2025 y se hizo una
propuesta de modificación del decreto, esto debido a las presiones de los
Estados Unidos, pero sobre todo por la falta de sustento tanto comercial como
científico, principalmente por lo absurdo de la medida contenida en el decreto.
De continuar y no corregir el rumbo y seguir
anteponiendo los criterios antes mencionados y el electoral, tendremos en los
próximos años una carestía imparable, trágica, donde, no sólo el guajolote será
caro, sino todo los demás derivados del maíz amarillo que comemos
cotidianamente en la mesa, lamentablemente perjudicará a los más pobres.
