Pasar de las denuncias a las acusaciones formales y de allí a las condenas, implica recorrer un trecho muy largo…
Por Jorge Fernández Menéndez
Escuchaba el pasado martes la entrevista del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, con Ciro Gómez Leyva y, a pesar de la presión de nuestro amigo Ciro el gobernador no se apartó un centímetro de sus declaraciones: no tiene más propiedades (tampoco su esposa) que las que dio a conocer en su declaración patrimonial; no tiene casa en Houston o en cualquier otro lugar del extranjero, se quedará a vivir en México, en el caso de las empresas fantasmas que denunció Animal Político aseguró, primero, que no tiene nada que ver con ellas, segundo, que ojalá las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias en su investigación y castiguen a los responsables y que según la información que tenía, esas empresas sí entregaron los productos y servicios por los que ganaron esas licitaciones.
Sobre el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, que renunció a su cargo luego de que se denunciara que tenía una larga lista de propiedades, dijo que sabía de las mismas, que el propio Bermúdez le había informado que habían sido adquiridas en forma legítima y que el funcionario había renunciado precisamente para defender su causa. Sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR sobre el sistema anticorrupción aprobado en el estado, dijo que esperará la resolución de la Suprema Corte, pero recordó que el proceso requirió la aprobación por dos terceras partes del Congreso local y que hacía más de un año que se había presentado la iniciativa.
Y terminó Duarte haciendo una serie de muy duras acusaciones a Miguel Ángel Yunes, quien en todo momento llamó “presunto gobernador electo”, por sus negocios y propiedades, a las que sumó la denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que acusó a Yunes Linares de quedarse con 230 millones de pesos y de ser parte de distintos mecanismos de lavado de dinero. En el imaginario político no, pero en términos judiciales parece ser más probable un proceso contra el gobernador entrante que contra el saliente.
Llama la atención que Yunes Linares, después de un triunfo electoral tan importante, esté destinando tantos esfuerzos en denuncias contra el gobernador saliente, en lugar de tratar de lograr una fuerte coalición que le permita la gobernabilidad del estado. Quizás la respuesta está en que en junio próximo Veracruz vuelve a tener elecciones y que en el 2018, nuevamente, habrá comicios presidenciales, pero, también, para gobernador del estado.
La gestión de Yunes Linares será de 18 meses y todos serán de campaña electoral. En los hechos, las denuncias son la prolongación de la campaña de este año. Pero ése será, también, su punto vulnerable, porque sus adversarios, también, lo tendrán todo el tiempo en la mira. La estrategia de la cárcel impacta, aunque no construya, pero también puede ser un boomerang.
El mismo martes, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue a comparecer por la acusación que le ha hecho el gobierno de Jaime Rodríguez, sobre beneficios irregulares a la armadora KIA, asentada en Nuevo León, que implicarían un daño patrimonial de más de tres mil millones de pesos. Medina se presentó ante el juez, hizo su defensa, dijo que no había cometido delito alguno y que tenía la conciencia tranquila. Esta misma semana, en entrevista, Jaime Rodríguez dijo que sería presidente si resolvía los problemas de Nuevo León y puso el caso del su antecesor,Rodrigo Medina, como fundamental.
En otras palabras, Rodríguez cree que sus opciones de ser candidato presidencial pasan, en buena medida, por meter a la cárcel a Medina. No lo tendrá fácil.
Mientras tanto, el propio gobierno de Jaime Rodríguez está bajo un intenso escrutinio público que lo ha llevado a tener que destituir a varios colaboradores, mientras que otros se han ido por desavenencias internas. La estrategia de la cárcel puede ser, también, un juego de perder-perder.
La historia se repite en Chihuahua (según el gobernador electo Javier Corral “la reconstrucción del tejido social en la entidad pasa por meter a la cárcel al gobernador César Duarte”), Durango y otras entidades, como Sonora y Tabasco. Hasta ahora y pese a las dificultades encontradas en estos procesos, Guillermo Padrés parece ser el único con una situación realmente comprometida (el tabasqueño Andrés Granier está detenido, pero no condenado).
No me interesa defender a ninguno de los involucrados en estos casos, pero hay que insistir en que pasar de las denuncias a las acusaciones formales y de allí a las condenas, implica recorrer un trecho muy largo, donde no hay garantías legales de siquiera encontrar pruebas que permitan castigar a los presuntos responsables. Y, por el contrario, si eso no sucede, los que se debilitan son los propios acusadores. La estrategia política de la cárcel sólo sirve cuando se tienen todos los elementos necesarios como para que ese argumento vaya acompañado de la acción de la ley. Si no es así, todos, acusadores y acusados, pueden terminar perdiendo, y con ellos se pierde, también, la confianza y la gobernabilidad del país.
