Claroscuro, por: Francisco López Vargas
La semana empezó con un artículo en El Financiero que Raymundo Riva Palacio tituló La venganza de Gertz Manero. No hay desperdicio y lo que siguió en la semana sólo ratificó que la Corte desestimó sus presuntos delitos aunque el presidente lo apoyó en su venganza contra los investigadores que lo exhibieron por sus plagios. Transcribo la columna:
Quien conoce a Alejandro Gertz Manero sabe que el fiscal general es muy vengativo. Dos décadas de ocupar altos cargos en gobiernos federales han mostrado cómo utiliza la fuerza para embestir a sus rivales, a familiares o a cualquier persona que considere lo ha agraviado. En las últimas semanas vimos la sevicia con la que actuó en contra de la familia de su hermano fallecido, donde un juez finalmente le puso un alto, pero en los últimos días, este hombre, que es un impenitente sin remordimiento y con un hambre insaciable para la vendetta, la emprendió contra un amplio sector de la comunidad científica que, sin duda alguna, causará un escándalo
Gertz Manero solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo, para que sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El fiscal partió de una denuncia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que tiene sus propias fobias contra la comunidad científica, por los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, que Gertz Manero decidió escalar para refundirlos en Almoloya.
La acusación del
fiscal tiene un enorme sabor a venganza, luego de que la comunidad científica
se levantó a gritos y protestas porque Álvarez-Buylla lo aprobó como
investigador del nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, reservado
para quienes hayan hecho contribuciones significativas en su campo de
experiencia, luego de una década que lo había intentado sin éxito porque, hasta
antes de este gobierno, los evaluadores del Consejo de Aprobación habían
concluido que no tenía los méritos suficientes. En el proceso, Gertz Manero se
convirtió, además, en objeto de crítica cuando el escritor Guillermo Sheridan
documentó un plagio flagrante en la biografía que escribió de Guillermo Prieto,
que la directora del Conacyt calificó como una “obra notable”.
Se puede argumentar
que el pago que le hizo Gertz Manero por ese servicio fue elevar el número y la
gravedad de los delitos, que le permitieron canalizar su furia contra los
científicos. El fiscal general puede alegar que actuó conforme a derecho, pero
hay dos elementos que lo contradicen. Por un lado, la respuesta del juez en El
Altiplano, donde se integró la causa penal, que en primer lugar cuestiona que
los hechos que se imputan hayan ocurrido en el Estado de México, donde se
encuentra radicado, por lo cual los jueces tendrían que declararse
incompetentes, y en segundo lugar, señala que la Fiscalía no justificó con
fundamento, razones o motivos, por qué quiere que sean encarcelados en esa prisión
donde están capos del narcotráfico o delincuentes que requieren de una alta
seguridad.
Por el otro lado,
en respaldo a la conjetura de que Gertz Manero actuó con sed de venganza, la
directora del Conacyt ha estado diciendo a funcionarios del gobierno federal y
científicos, a manera de deslinde del fiscal, que ella nunca presentó una
denuncia por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o
delincuencia organizada. La denuncia de Álvarez-Buylla se centra en el presunto
financiamiento ilegal del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
que es un órgano de consulta permanente del Ejecutivo federal y de la Junta de
Gobierno del Conacyt, fundado en 2002, que fue motivo de un diferendo a partir
de una reforma en la Ley de Ciencia y Tecnología en diciembre de 2019, resuelto
en un amparo de la Suprema Corte este año, donde reconoció que antes de la
reforma, esa asociación civil tenía una figura legal válida para ejercer sus
funciones y recibir recursos.
De acuerdo con
abogados, ese amparo hace que la denuncia de Álvarez-Buylla y la acusación de
Gertz Manero carezcan de sustento jurídico respecto a los presuntos delitos de
peculado (desvío de recursos para beneficio personal) y uso ilícito de
atribuciones y facultades. Desde el punto de vista jurídico, ello conduce a que
las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
delincuencia organizada, tampoco procedan.
Pero desde el punto
de vista político y administrativo, es una aberración lo que hizo el fiscal.
Sólo como botón de muestra, si son recursos del Conacyt los que se
transfirieron al foro, es dinero que salió del Presupuesto. Entonces, ¿de dónde
afirma que eran de “procedencia ilícita”? Si el dinero no tenía ninguna
procedencia ilícita, ¿sobre qué establece el delito de delincuencia organizada?
Por lo que hemos
visto, a Gertz Manero no le importa apegarse a la ley, sino a su visión de la
justicia personal. Las dos principales figuras de la comunidad científica que
quiere encarcelar en El Altiplano son Enrique Cabrero, miembro de la Academia
de Ciencias, exdirector del Conacyt y del CIDE, catedrático en México, Francia
y el Reino Unido, y a Julia Tagüeña, doctorada en la Universidad de Oxford, que
fue coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pero hay otros
científicos de gran reconocimiento en el campo de la física, la salud, el medio
ambiente, y varios han trabajado en gobiernos e instituciones académicas.
En la denuncia
original, Álvarez-Buylla acusó a varios exfuncionarios de Conacyt, dentro de su
lucha contra administraciones anteriores, pero lo que rebasa los límites de la
razón y la comprensión es la actitud de Gertz Manero, que es un fiscal sin
freno –no tiene nada que ver con la autonomía del cargo– que da la impresión, a
partir de hechos objetivos, de que la justicia que se supone debe impartir pasa
más por su temperamento, sus fobias y sus rencores, no por la aplicación justa
de la ley.
Un fiscal con ese
talante vengativo es una amenaza para cualquiera, porque en cualquier momento
puede inventar acusaciones contra quien le caiga mal o acomodar la ley a su
agenda personal. Si al final del camino todo se le desmorona, como ha sucedido,
habrá infligido un daño a su fama y reputación de manera irreversible, sin que
eso parezca preocuparle.
Ya en diciembre del
año pasado, Guillermo Sheridan escribió en Letras Libres un primer artículo en
el que se preguntaba ¿De quién es el Conacyt? Golpes
de timón, lo tituló y aquí la transcripción:
El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) es la culminación de un largo proceso histórico. Inicia
con el primer teotihuacano que leyó las estrellas y el primer maya que hizo
matemáticas. Siguió en 1551 con la Imperial y Regia Universidad de México que
dispuso fundar el invasor Carlos V, quien ya podría ir pidiendo perdón por
habernos impuesto el estudio de la medicina, las matemáticas, la astronomía y
lenguas indígenas. Luego vendrían los seminarios y las “sociedades”
científicas, y después los institutos y las universidades, hasta que el Estado
decidió en 1970 consagrar el valor de esa potencia intelectual en el Conacyt.
Conviven en él, pues, de Carlos de Sigüenza y Góngora a Francisco Bulnes y de
ellos a Mario Molina y hasta la más joven miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). El Conacyt es de todos los científicos que ha habido, hay
y habrá en México y, desde luego, de todos los mexicanos que han financiado sus
labores y se benefician de él.
Pero el Conacyt ahora es “de la
4T”, como lo proclama su actual directora, la bióloga María Elena
Álvarez-Buylla Roces.
No estoy muy seguro de que sea
cierto. Declarar al Conacyt propiedad “de la 4T” asume que la ciencia y la
tecnología son un apéndice del partido en el poder y, por lo tanto, de sus
proyectos ideológicos y políticos. Ignoro si así lo dispuso la directora desde
su autoridad personal, conferida por el Ejecutivo, o si lo decidieron el
Consejo interno o el Consejo Consultivo del Conacyt que le ordenan a la
directora qué aconsejarle al Ejecutivo. Y dudo que le hayan ordenado apropiarse
del organismo.
En todo caso, aunque decidir de
quién es el Conacyt no figura en la ley respectiva como atribución de su
autoridad, que el Conacyt es “de la 4T” ya
lo registra su definición oficial:
El Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de la Cuarta Transformación ha dado un golpe
de timón en las políticas de ciencia, tecnología e innovación que se aplicaron
durante el periodo neoliberal, caracterizado por privilegiar los intereses
privados e individuales por encima de los intereses públicos y sociales.
El nuevo
Conacyt apoya a la ciencia pública comprometida con el pueblo y con la
protección del patrimonio ambiental y biocultural del país. Este cambio de
paradigma se sintetiza en una sola frase: Ciencia por México.
También consta en su Programa Institucional Conacyt 2020-2024 en el que, a
lo largo de 133 páginas, se reitera que el Conacyt “es parte de la Cuarta
Transformación” y que para “resarcir los daños de los gobiernos neoliberales a
las ciencias” el Conacyt asumió “el compromiso de dar un giro de timón”. La
nueva jefa del reiterado timón no deja de insinuar que antes los
científicos eran neoliberales y, por tanto, individualistas, indiferentes o
adversos a “lo público” y “lo social”, ignorantes del pueblo y desdeñosos de
los “saberes” científicos populares. Durante cuarenta años abominables, los
científicos fueron cómplices de una política que “influyó de manera infortunada
en todos los ámbitos”, pero ahora, por fin, han sido liberados, lo mismo que su
pueblo, pues
el gobierno de la Cuarta
Transformación cree firmemente en que no puede haber paz sin justicia, por lo que para el
Conacyt será tarea fundamental difundir el conocimiento científico a amplios
sectores de la población como un factor que genera bienestar, paz y justicia
social, acercando las bondades y beneficios de la ciencia a toda la
población. El respeto al
derecho ajeno es la paz y el derecho a la ciencia es un asunto
de justicia social y es de todos, tal como lo dicta el principio de Democracia significa el poder del
pueblo.
(A lo largo del documento, las
frases del presidente se ponen siempre en cursivas-negritas para enfatizar su
origen popular.)
Decretar el “Conacyt de la 4T”
es tan voluntarista como decretar que ha ocurrido ya esa “cuarta
transformación” porque así lo dice el Señor Presidente, un señor proclive a
celebrar el jonrón antes de la pichada. Pero como viene de la autoridad es
decreto ad verecundiam y no hay nada que hacer.
Esa voluntad contradice el
carácter nacional que caracteriza a su objeto: si el Conacyt
es nacional, no puede pertenecer a una parte de esa nación (“la 4T”
o su partido el MoReNa), su todo no puede caber en la parte de una ideología. Y
contradice también a la ciencia, en tanto que el suyo es un hacer cuya
naturaleza carece de propietario (o propietaria), un hacer que, de ser
expropiado por un interés político, pierde como ciencia al subordinarse a una
ideología; sacrifica su naturaleza científica, su esencial desinterés. El voluntarismo
declarará “ganadora” a una ciencia no por ciencia, sino por ideológica, y
quedará exenta de rigor científico, ya no podrá ser desmentida por las posibles
evidencias en contrario, ya nunca será “falsificada” por la evidencia, como
argumentaba famosamente Karl Popper: será una pseudo-ciencia.
(Breve paréntesis: Popper carga
con la fama de esa célebre crítica al falsificacionismo desde Conjectures
and refutations. The growth of scientific knowledge, libro de 1962. No
pocos se sorprenderían al leer “El socialismo y la enseñanza”, un ensayo de
Jorge Cuesta escrito en 1934 que anticipa esos razonamientos. Un solo ejemplo,
trasladable a la ficción de que el Conacyt “es de la 4T”: la fe, escribe
Cuesta, “es también una razón para que el socialista no tenga que esperar el
triunfo de su causa, a fin de poder pensar con certidumbre, a fin de poder dar
un valor científico a su pensamiento”.)
Ciencia
al margen
Al crear el Conacyt, el gobierno
reconoció con sentido común que la ciencia debía ser jerárquicamente autónoma
del gobierno para obrar en libertad. Lo concibió entonces como un “organismo
descentralizado del Estado” encargado de “promover el desarrollo de la
investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la
modernización tecnológica del país”. Supeditar todo eso a la 4T recentraliza al
Conacyt con la ayuda de una directora más atenta a la voluntad del Ejecutivo
que a la descentralización que tanto tiempo le tomó merecer a la ciencia.
En tanto que organismo del Estado,
es obvio que el Conacyt entiende que las ciencias se relacionan con el pueblo
al que benefician. El Conacyt se identifica hasta con la conciencia del
pueblo, con su ethos, si se quiere, pero no con su gobierno, ni
menos aún con la ideología de su partido. Es la misma razón por la cual no se
puede decir, por ejemplo, que el Conacyt es “guadalupano”, aunque sea
guadalupano el mayoritario ethos popular. Es nacional,
desde luego, y por eso mismo es más que del Estado y mucho más que de su
gobierno. Por eso al sentenciar que la 4T es la dueña, administradora o
posesionaria de esa conciencia es ahora una falacia ad baculum, es
decir, de las que se imponen a palos. Solo con ese bastón (o timón) de mando
puede declararse a una ideología la posesionaria no solo del hacer científico y
sus complejidades, sino de la no menos compleja y plural totalidad del pueblo.
Es justo la clase de tontería que decreta un Estado totalitario cuando presume
contener al pueblo y sostiene, como hizo Mussolini, que ser italiano ya incluía
el ser fascista.
Cuando en el Programa
Institucional se anota que el Conacyt es “parte de la 4T” se entiende
que, ad baculum, su directora ha dispuesto que aquello que ella
desea es más relevante que lo que desea la comunidad científica que, al
parecer, perdió interlocución por cometer pecado de corrupción neoliberal. Sí,
en el Conacyt hay 30 mil investigadores y 65 mil aspirantes becados a serlo,
cuyo discernimiento y talento, se supone, equivalen a los del Conacyt con el
que llevan cincuenta años de convivencia. Pero le fallaron al pueblo (es decir,
a su líder): la directora de Desarrollo Científico del Conacyt, Carmen de la
Peza –especialista en la ciencia de las canciones populares–, le reprochó a los
investigadores en 2019 no haber tenido “una conexión suficiente” con “las
condiciones de bienestar del país”. ¿De dónde viene ese juicio? Es como una
religión en la que hay que bautizarse previo arrepentimiento: ¿lleva usted 30
años haciendo biotecnología? Pues arrepiéntase, porque los vivió usted en
pecado. Y no intente siquiera rezongar: la voz de los investigadores, que se
manifestaba por medio del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ya fue
silenciada sumariamente, como comenté aquí.
Quizás sea una lección merecida:
en el actual gobierno, los científicos son patentemente desdeñados por tres
purificados motivos evangélicos: son demasiado “expertos” y no escuchan la
palabra de Dios, y son demasiado clase media, lo que les impide entender la
idea de “pueblo” que dicta el mesías y vigila su profeta.
Álvarez-Buylla da golpes del
timón por mímesis: si el presidente encarna a México, ella encarna a la
ciencia. Habrá unos que sí (cada día menos), pero a muchos científicos este
Conacyt subordinado a la ideología en el poder les incomoda tanto como a
Álvarez-Buylla le habría incomodado que se hubiera declarado antes que el
Conacyt “es de la Institucional Revolución”, o “de la Nacional Acción”.
Imaginemos qué sucedería en Francia si el Centre National de la Recherche
Scientifique fuese declarado “de ¡República en marcha!”, o en
Estados Unidos “de Make America Great Again” la
National Science Foundation.Pero como esa incomodidad no se mide en
manifestantes/cuadra, no cuenta (que es el tercer motivo del desdén
presidencial: los científicos no bloquean avenidas, es decir, su causa no es
popular).
Que el Conacyt sea ahora “de la
4T” afrenta también a la Constitución que garantiza “la libertad de creencias”
en su artículo tercero. Al imponerle la 4T a los científicos, se les sujeta a
una creencia obligatoria y se avería su libertad. La única creencia inobjetable
es la que señala ese mismo artículo al ordenar que la ciencia luchará “contra
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y prejuicios”. Al
imponérseles la subordinación a la 4T, los científicos califican para las tres
categorías: los prejuicios ideológicos de las autoridades se han convertido en
juicios institucionales y la servidumbre de la directora a los fanatismos del
presidente prevalece sobre la ciencia.
Esos fanatismos rebasan a la
retórica y se convierten en políticas cuya calidad se supone que es tan diáfana
como la ideología. Es lo que sucedió, por ejemplo, en el debate sobre los organismos
genéticamente modificados, el glifosato o la biotecnología que aborrece
ideológicamente Álvarez-Buylla: son debates en vigor en todo el mundo, donde
ningún científico cancela a quien difiere del propio punto de vista, antes bien
lo analiza y lo critica en pos de la verdad, que es la única misión. No así en
el Conacyt, donde la directora declaró que “está
concluido el debate sobre el uso de la biotecnología agrícola para mejoramiento
de semillas”: un desplante autoritario tan adverso a la ciencia como al
artículo tercero. Y sí, se “canceló” ad baculum el debate en
el Conacyt, pero no en la realidad científica. Y quien ose resistir el dogma
corre el riesgo de ser castigado, como lo fue la bióloga Beatriz Xoconostle,
que debate hace años con Álvarez-Buylla que solo pudo ganar el
debate con violencia moral de por medio, como lo conté aquí.
Nada como ese vergonzoso
episodio ha cifrado mejor el talante de “el Conacyt de la 4T”: el científico
que no esté con la directora, está contra ella y deberá atenerse a las
consecuencias.
Continuará…
