Claroscuro, por: Francisco López Vargas
El deceso de José Eduardo Ravelo Echeverría está rodeado de una gran dosis de especulación que sólo se esclarecerá cuando la Fiscalía General del Estado termine una investigación que se encuentra en curso y para la que, tanto la autoridad municipal como el gobierno local, han desplegado un apoyo absoluto y compromiso del alcalde meridano, Renán Barrera, y del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.
Los policías implicados en el caso, los cuatro que detuvieron a Ravelo y los tres guardias de la cárcel municipal, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la investigación conducente y el esclarecimiento de los hechos y el juez adjudicado los declarados libres porque la Fiscalía no acreditó elementos que confirmen su responsabilidad en el deceso y menos en la violación.
Después de la decisión del Juez Primero de Control tras la audiencia donde se resolvió la situación legal de JEHH, EMRL, AGGM y RGBR, después imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada, la FGE hizo que hará válido el recurso de apelación sobre este resultado, con base en los plazos establecidos en el Código Penal, según dice un boletín.
La joven víctima fue detenida en el parque de San Juan por elementos de la Policía Municipal a petición del taxista Gabriel Acosta Várguez, quien recibió el impacto de una pedrada que el muchacho, originario de Veracruz, arrojó en la terminal de colectivos que viajan al interior del Estado, el 21 de julio pasado.
El taxista solicitó su aprehensión luego de que Ravelo arrojara una piedra que lo lesionó en la parte superior de la cabeza, sobre la oreja.
Eran pasadas las 10 de la mañana de ese 21 de julio cuando una cámara de vídeo captó a Ravelo entrando a la terminal de taxis de donde salió presuroso para volver a ingresar con la piedra en la mano que lanzó contra Acosta quien dice que su caminar errático y su semblante reflejaba que se fueron drogado.
El testigo narra que ante el ataque llamó al 911 pero en el momento que marcaba vio una patrulla municipal y les indicaron que lo trabajo agredido con la piedra. En la camioneta de la policía sólo viajaba el conductor que de inmediato pidió refuerzos y paramédicos.
Las cámaras instaladas en el cruce de las calle 62 entre 67 y 69 del barrio de San Juan, en el centro de Mérida, tienen la grabación no sólo de la detención sino también de cómo el joven toma un pedazo de banqueta y lo usa como proyectil en el interior de la terminal de transporte colectivo.
Por esa denuncia del taxista, el joven veracruzano pasó la noche en la cárcel municipal de donde salió caminando a las 11 de la mañana del 22 de julio, según las grabaciones presentadas como evidencia por el Ayuntamiento de Mérida, que se ofreció como coadyuvante y brindó toda la información disponible además de los vídeos de la detención.
Dos días después de la salida del joven de la cárcel municipal, el 24 del mismo mes, present una denuncia ante la Fiscalía acusando a los policías de la agresión y violación y en contra del Hospital O´Horán al que acusan de negligencia, la madre del muchacho, María Ravelo Echeverría.
Los cuatro policías municipales que detuvieron a José Eduardo recibieron ante el juez primero de Control y se les imputó “uso excesivo de la fuerza para golpear y abusar sexualmente de su víctima” en el expediente 206/2021 y fueron puestos a disposición de la autoridad también los policías que estaban en las instalaciones donde se mantuvo al joven en detención. Todos ya fueron liberados por falta de evidencias en su contra.
La causa de la muerte determinada por el Servicio Médico Forense fue “síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo” que la investigación debe dejar claro cómo sucedió porque tanto los policías que lo detuvieron como los que estaban en la cárcel pública se acreditaron voluntariamente para someterse a la investigación.
Las declaraciones de la madre del joven, María Ravelo Echeverría, en la que narra lo que le relató su hijo son la única base de la acusación contra los policías, pero desde el 22 hasta el 24 que se presenta la denuncia no hay conocimiento del paradero ni de las actividades del joven. Mientras, el viernes 13 de agosto definió el juez que no había elementos para sujetar un proceso a los inculpados y desechó su caso contra ellos a falta de pruebas, tres semanas después de la queja.
Sin embargo, el peso de la responsabilidad del esclarecimiento del queda caso hoy en las manos de la Fiscalía General del Estado que, desde el principio, ha acreditado una auténtica negligencia no sólo porque no investigó desde la queja sino que la falta de atención médica adecuada habría provocado el fatal desenlace, según alega su madre.
La señora asegura que el médico legista envió a su hijo al hospital, pero hasta hoy se desconoce la valoración de ese primer contacto con la víctima en la fiscalía el día que presentó la denuncia.
Nos enteramos de la denuncia por la madre de la víctima que tuvo que salir a reclamar el tema precisamente porque la fiscalía no había actuado hasta el 3 de agosto, fecha en que se da el deceso del joven.
¿Sabe el Fiscal que Yucatán es el primer estado del país en seguridad y que su jefe, el gobernador, está catalogado como uno de los tres mejores de México?
Pareciera que el tema de la resolución del caso del asesinato de la mujer en la zona de Cholul y del asesinato del policía tuvo una gran dosis de eficiencia de las cámaras instaladas con esos 2,700 millones de pesos de crédito autorizados para ese fin: seguridad y vigilancia , la primera de las obligaciones de un gobierno.
El Fiscal no debe caer en la treta de que los casos se resuelven solos sino tener claro que aunque se entreguen los implicados, él y su oficina tienen que investigar para esclarecer los hechos precisamente porque de lo que se trata es de proteger a una entidad que es atractiva para la inversión por su grado de seguridad, que atrae inversiones de otras latitudes porque aquí se sienten a salvo.
El Fiscal pareciera que no tiene claro que mientras más tiempo pase más hará reflexionar a los ciudadanos sobre la conveniencia de la inversión en seguridad, sobre la legitimidad del mando único policiaco porque poco tiene de justificación que la detención haya sido en San Juan o en San Juanista, o en la Alemán o Chuburná.
Para los ciudadanos, la policía es la policía sin importar de donde sea porque, al final, su misión es proteger a los ciudadanos y todas las policías tienen un mando unificado y coordinado.
Prestarse al activismo de buitres que salieron “oportunamente” para festinar el asesinato del joven veracruzano ofreciendo su “generosa ayuda” como el candidato a alcalde derrotado, Jorge Carlos Ramírez Marín, sólo pareciera un esfuerzo para tener justificación contra un alcalde cuya popularidad y eficacia le valieron conservar el cargo no una sino ya en tres ocasiones.
Nadie está para justificar un asesinato, pero tampoco para justificar una injusticia y eso pone la pelota en la cancha de una Fiscalía que debe resolver sin lugar a dudas y lo más pronto posible. Vaya que hay dudas sobre la adicción del muchacho, la conducta de los elementos policiacos, la violación y otros detalles que hoy deberíamos ya saber. A hoy, ya va tarde porque el Ayuntamiento vaya que reaccionó para poner todo lo que se le pidió hasta los elementos policiacos y sólo el juez los declaró inocentes. ¿Qué espera?
