Editorial La Revista Peninsular
Esta semana observamos un comportamiento atípico por
parte del presidente López Obrador al retractarse en su postura sobre el
acuerdo logrado entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para ofrecer créditos a más de treinta mil
pequeñas y medianas empresas mexicanas.
La Iniciativa Privada y la sociedad civil organizada
dispusieron realizar esfuerzos para generar propuestas sobre cómo reactivar la
economía nacional tras la crisis económica ocasionada por la pandemia del
COVID-19, tras la falta de respuesta que tuvieron por parte del gobierno
federal al exponer sus preocupaciones y necesidades.
El ejecutivo federal ha enfocado sus esfuerzos en
brindar apoyos a grupos vulnerables, pero ha fallado en proponer una estrategia
económica integral que contemple a todos los sectores del país que se ven
afectados por la crisis. Esta actitud demostrada por el gobierno federal ha
alejado a los inversionistas y ha provocado la disminución de las proyecciones
de crecimiento del país, lo que complica aún más el escenario que tenemos por
delante.
El sector empresarial ha dejado claro que no quiere
que le dejen de dar apoyos a quienes los reciben actualmente, ni quieren ser
salvados con exenciones fiscales; lo que éste sector quiere es que se amplíen
los esfuerzos para que se contemple a todos.
Después de semanas de constantes negativas por parte
del presidente a las peticiones del sector privado, los empresarios tomaron
cartas en el asunto, y empezaron a organizar conferencias y foros para ayudar a
sus empresas y trabajadores, lo que impactará positivamente en todo el país.
Uno de estos esfuerzos, es la reciente Conferencia
Nacional para Recuperación Económica que convocó el Consejo Coordinador
Empresarial, en cuyas mesas de trabajo se discutió y aplaudió el acuerdo entre
el Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest, que es una rama financiera del
BID, presentado el pasado domingo.
Este acuerdo implica la disposición de doce mil
millones de dólares para más de treinta mil pequeñas y medianas empresas que
formen parte de la cadena de proveedores de empresas miembros del CMN, lo que
ayudará dotando de liquidez la cadena de suministros para agilizar la futura
reactivación.
Este logro alcanzado por el CMN fue aplaudido en todo
el país, y celebrado por los secretarios federales de Hacienda, Economía, y
Relaciones Exteriores, por las evidentes bondades que aportaría a México; por
lo que fue una sorpresa que, en primera instancia, el presidente Andrés Manuel
López Obrador mostrara una postura en contra del acuerdo.
Según el titular del ejecutivo, no estaba a favor
porque se comprometía el erario público, pero lo que más pareció afligirle fue
el “modito”, citando sus palabras, en que se llegó al acuerdo, ya que consideró
que relegaron al gobierno a un papel de florero que debe acatar las
disposiciones establecidas por la Iniciativa Privada.
El presidente recibió una lluvia de críticas por su
postura, ya que se mostró mezquino e ignorante; el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos,
lo dijo de la mejor manera: “el presidente no se deja ayudar, pero sí miente”.
No se deja ayudar, porque antes de que la Iniciativa
Privada se haya visto obligada a buscar soluciones por su cuenta para sus
problemas, buscaron incansablemente trabajar con el gobierno para construir
propuestas en conjunto, y ante el reiterativo silencio, optaron por trabajar
junto con la sociedad.
Aún más, el presidente miente porque es falso que el
erario público se vea comprometido con este acuerdo. El BID Invest tiene como
objetivo ayudar directamente al sector privado de los países en desarrollo, sin
afectar el erario, ya que es ésta
organización la que asume el riesgo de las operaciones.
El presidente fue criticado por esto, y por la
incongruencia demostrada al considerar las posturas de los secretarios que
habían compartido su afinidad al acuerdo; hubo también la confusión sobre si el
visto bueno de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, implicaba comprometer el
erario, lo cual se desmintió inmediatamente.
A un día de haber compartido estar en contra del
acuerdo, Andrés Manuel rectificó diciendo que si estaba a favor de éste, si no
se afectaba al erario. Éste es un actuar extraño por parte de nuestro
presidente, quien se ha caracterizado por anclarse a sus posturas, muchas veces
controversialmente irreverentes, a pesar de que la realidad deje en evidencia
su error.
Considero que debemos reconocerle al presidente la
disposición de modificar su postura, porque la cualidad de la modestia cada vez
escasea más entre los políticos del mundo, y es necesario que nuestros líderes
tengan la habilidad de asumir que pueden estar equivocados, considerando que
vivimos en un mundo con suma pluralidad de ideas.
Sin embargo, no debemos pasar por alto que, en primera
instancia, lo que pareció molestarle más a Andrés Manuel del acuerdo tomado fue
que no se haya trabajado con el gobierno, cuando la iniciativa privada había
pasado semanas tocando puertas en el ejecutivo para presentar sus propuestas.
A todas luces, esta postura denota un comportamiento
de autoridad absolutista por parte del gobierno federal, que se suma a los
muchos comportamientos que hemos visto antes, como la imposición de consejeros
en la Comisión Reguladora de Energía, y en comportamientos que vemos ahora,
como la iniciativa para que el ejecutivo pueda disponer del erario federal, sin
necesitar aprobación del Congreso, en situaciones de emergencia económica.
Aplaudamos que el presidente corrigió su postura, pero
no dejemos de observar sus desplantes autoritarios.
