La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado de manera continua las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación (4T), sin haber revocado ninguna de ellas desde que entró en funciones el nuevo pleno en septiembre de 2025. Hasta la fecha, “no ha habido ningún fallo en contra de reformas o decretos de López Obrador o de legisladores de Morena”, lo que marca un récord de decisiones favorables al proyecto político impulsado durante el sexenio anterior y en el actual periodo legislativo.
Desde su instalación, la Corte ha emitido al menos siete resoluciones respaldando reformas promovidas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por la mayoría legislativa de Morena en la Cámara de Diputados. Entre estas decisiones se encuentran la validación de modificaciones a la Ley Minera, a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), a la Ley General de Víctimas, y la desaparición de 109 fideicomisos, así como cambios que otorgan facultades ampliadas al Instituto Nacional Electoral (INE).
Un caso destacado fue la decisión de septiembre de 2025, cuando una mayoría de siete ministros revocó amparos contra las modificaciones a la Ley Minera, que regulan la emisión de concesiones de agua. La ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que dichas reformas “respetan el principio de seguridad jurídica y buscan proteger el interés público, el derecho al agua y el dominio de la nación”.
En octubre, el pleno aprobó por unanimidad el tope máximo a las comisiones que pueden cobrar las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), estableciendo que esta modificación “responde al interés público de proteger el ahorro de los trabajadores” y no vulnera la confianza legítima ni la libre competencia.
En noviembre de 2025, los ministros rechazaron declarar inconstitucional un artículo de la Ley General de Víctimas que eliminó el fondo mínimo para la atención y reparación a víctimas del delito. Aunque organizaciones de derechos humanos calificaron la decisión con críticas, la Corte decidió validar la eliminación de dicha garantía presupuestaria.
En el inicio de 2026, la SCJN también avaló la reforma que da prioridad a egresados de normales públicas para ocupar plazas docentes, y confirmó la constitucionalidad de la eliminación de los fideicomisos por unanimidad, desestimando las impugnaciones de varios estados que argumentaban afectaciones constitucionales.
Con este historial de resoluciones, la Suprema Corte ha dejado claro un posicionamiento consistente de respaldo jurídico a las principales reformas promovidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo asociados a la 4T, sin que hasta ahora se haya producido una sola revocación en su contra.
