La escalada de violencia en Haití ha llegado a un punto crítico. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de una fuerza internacional compuesta por 5 550 efectivos —entre militares, policías y personal civil— con facultad para arrestar presuntos miembros de pandillas. Esta decisión supone una transformación importante respecto a misiones pasadas, cuya capacidad para detener enfrentamientos y restaurar el orden fue duramente cuestionada.
Las pandillas han extendido su dominio sobre amplias zonas de Puerto Príncipe y regiones aledañas, al punto de controlar entre el 80 % y el 90 % de la capital. En este contexto, el representante de Estados Unidos ante la ONU señaló que “las pandillas expandieron su territorio, violaron, saquearon, asesinaron y aterrorizaron a la población haitiana … (y) pusieron en riesgo la existencia misma del Estado haitiano.”
La nueva fuerza actuará bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas —lo que le confiere mandato para usar la fuerza— y tendrá un plazo de operación inicial de 12 meses. Entre sus funciones estarán neutralizar pandillas, asegurar infraestructura crítica como puertos y escuelas, y respaldar a la policía local. Pese a estas atribuciones, países como China y Rusia expresaron aprensión sobre la viabilidad, la transparencia y la financiación de esta iniciativa.
Para muchas comunidades haitianas, esta medida representa un aliento de esperanza frente al deterioro del Estado. Las pandillas no solo cometen asesinatos masivos (algunas superando cifras de cientos de muertos en una sola acción) sino que recurren a tácticas extremas como la violencia sexual contra mujeres y niñas, abusos contra menores y otras atrocidades para consolidar el control territorial. El reclutamiento forzado de menores ha aumentado, y en algunos casos se señala que la mitad de los integrantes de grupos armados son niñas o niños.
No obstante, los retos son inmensos. Críticos alertan que una intervención militar de por sí no resolverá los problemas estructurales de Haití: la fragilidad institucional, la corrupción, el desempleo, la pobreza extrema y la debilidad del sistema judicial. La efectividad de la fuerza dependerá además de una coordinación rigurosa con actores locales, reglas claras de rendición de cuentas y un compromiso internacional sostenido.
En suma, el nuevo despliegue aprobado por la ONU marca un cambio de rumbo frente al caos imperante en Haití. Sin embargo, su éxito no está garantizado. Sólo el tiempo y la voluntad política global demostrarán si esta apuesta logra detener la impunidad de las pandillas y restablecer el Estado en un país al borde del colapso.
