La Organización de las Naciones Unidas ha determinado que la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone restricciones al suministro de combustible a Cuba constituye una violación del derecho internacional, de acuerdo con expertos en derechos humanos del organismo multilateral. El pronunciamiento se da en momentos de profunda tensión en la isla por la escasez de energía y las consecuencias económicas y sociales derivadas de las políticas de sanciones y bloqueos energéticos. La declaración subraya que la imposición de aranceles comerciales y la limitación de importaciones de petróleo no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que, según los especialistas, hace que esas medidas unilaterales sean incompatibles con las normas que rigen las relaciones entre Estados y los principios de cooperación internacional. La ONU considera que dichas acciones no solo carecen de justificación en función de la seguridad colectiva, sino que además presentan una amenaza al orden internacional democrático y equitativo.
Los expertos señalaron que las alegaciones de Estados Unidos sobre una supuesta amenaza a su seguridad nacional o sobre vínculos de La Habana con grupos terroristas transnacionales no tienen credibilidad y parecen ser utilizadas únicamente para justificar la adopción de medidas coercitivas que afectan negativamente al pueblo cubano. El bloqueo energético, añadieron, obliga a terceros Estados a alterar sus relaciones comerciales legítimas bajo amenaza de sanciones, una práctica que contraviene el derecho internacional y los principios de igualdad soberana, no intervención y arreglo pacífico de controversias.
La advertencia de la ONU se produce en un contexto en el que la comunidad internacional ha mantenido durante décadas una posición crítica hacia las políticas de bloqueo y embargo de Estados Unidos contra Cuba. Desde 1992, la Asamblea General de la ONU ha aprobado de manera anual resoluciones que instan al fin del embargo, con abrumadoras mayorías de Estados miembros condenando las sanciones como contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, aunque dichas resoluciones no son vinculantes.
Paralelamente, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su preocupación por la situación humanitaria en Cuba, señalando que el país podría enfrentar un colapso si continúa la escasez de combustible que afecta de manera crítica sus sistemas de transporte, producción y servicios esenciales. Esta advertencia se intensificó tras el arresto del líder venezolano Nicolás Maduro a principios de 2026 por parte de Estados Unidos, lo que interrumpió el suministro de petróleo venezolano que en 2025 cubría una parte significativa de las necesidades energéticas de la isla.
Organizaciones y líderes de varios países, incluido el presidente de Chile, han calificado el bloqueo no solo como una seria violación de los derechos humanos, sino como un acto criminal que exacerba el sufrimiento de la población civil. Estas voces de solidaridad internacional acompañan los llamados de la ONU para que las partes implicadas retomen el diálogo y busquen soluciones diplomáticas que respeten el derecho internacional y mitiguen las consecuencias para los ciudadanos cubanos.
La situación en Cuba sigue siendo motivo de debate y preocupación en foros multilaterales, mientras la isla enfrenta retos crecientes en su acceso a combustible, la estabilidad de su economía y el bienestar de su población en medio de sanciones que críticos describen como un bloqueo energético de gran impacto humanitario.
