Por: Lic. Edwin Carcaño Guerra.
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En varias ocasiones, al impartir las conferencias de los temas generacionales, siempre me he encontrado con la misma pregunta: ¿Hasta cuando vamos a soportar a estos gobernantes que le hacen tanto daño a México? Invariablemente contesto según la teoría generacional: Para que haya un cambio social fuerte se necesitan dos cosas, la primera es una crisis y la segunda es la voluntad popular para cambiar. Ambos ingredientes los tenemos, ya que actualmente, nos encontramos en una etapa histórica de crisis. ¿Y cómo se realizará el cambio? Un amigo dice: “chango viejo no aprende maroma nueva”… Yo digo Generación vieja tampoco. Si va a formarse una nueva cultura institucional, lo hará la siguiente generación.
La sociedad mexicana espera mucho de sus gobernantes. Tal vez más de lo que debe. Por otro lado, los gobernantes esperan que la ciudadanía celebre sus éxitos y logros. Esto tampoco sucede. Este desentendimiento social ocasiona un fuerte conflicto entre las soluciones esperadas y los problemas presentes. Somos herederos del Imperio Español y del Imperio Azteca. Ambos Imperios tenían gobernantes más grandes que sus instituciones. Hoy vivimos en una democracia cruel que impulsa la guerra sucia y la difamación; todo causado por la falta de conocimiento de lo que ocurre en nuestras instituciones.
Las instituciones mexicanas, en mi experiencia personal, funcionan mucho mejor de lo que la ciudadanía esta dispuesta a creer. Como resultado de las guerras difamatorias entre la clase política, la credibilidad institucional se ve fuertemente afectada. Los ciudadanos estamos siendo manipulados. Por ello es necesario familiarizarnos con una herramienta social y ciudadana para revisar las cuentas públicas del gobierno. Desde el 11 de junio de 2002 México cuenta con La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta Ley le permite a todos los mexicanos solicitar información acerca de todas las dependencias.
Esta Ley de carácter democrático, permite el acceso público a los asuntos del Estado. Su objetivo es establecer un modelo administrativo abierto y eficiente. También se crea la disposición de una administración que rinde cuentas y que puede ser supervisada por los ciudadanos. De esta manera la corrupción disminuye. Esta ley abarca al Poder Ejecutivo. Legislativo y Judicial. También a organismos públicos descentralizados, universidades públicas, a la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral.
Con las herramientas que ofrece la Ley de Transparencia, un ciudadano común puede conocer el desempeño de cualquier organismo público. Toda la información que el gobierno genera, desde nómina hasta gasto corriente, está a disposición en las páginas WEB de las dependencias. Todos los sueldos de todos los funcionarios son públicos: desde operadores hasta diputados. Todas las facturas y contratos que el alcalde o gobernador en turno firman, también están a disposición pública. Hay Municipios y Alcaldías que han logrado niveles de transparencia de casi 100 puntos.
Por otro lado, también existen los gobiernos que se han mantenido en la opacidad total. Han decidido ignorar esta ley creada para sus ciudadanos y esconder la información publica. Para aspirar a un México con mayor cultura institucional, hay que evaluar, de manera permanente, a todos los funcionarios. Los gobernantes que impulsen con fuerza la Ley de Transparencia en sus administraciones, también serán los que tengan una mejor administración: nada en lo oscurito. Incluso es posible formar consejos de ciudadanos auditores que evalúen la administración pública.
Este año 2018 va a ser clave debido a las elecciones del próximo Presidente, Senadores y Gobernadores. Una sencilla manera de evaluar a los candidatos es checar sus niveles de compromiso con la ley de transparencia. Un funcionario transparente debe de ser considerado mejor que un funcionario que prefiere la opacidad. Aquellos que han optado por esconder sus actividades deben ser señalados por la ciudadanía y dar una explicación por su falta de compromiso con el combate a la corrupción. El voto debe de favorecer a los funcionarios mas transparentes.
