Editorial La Revista Peninsular
El Poder Ejecutivo Federal publicó este jueves el Plan
B en materia electoral en el Diario Oficial de la Federación tras haber sido
aprobado en el Senado la semana pasada. Ahora le corresponderá a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar si las nuevas disposiciones se
apegan a la Constitución o si deben ser desechadas por ser inconstitucionales.
Con 72 votos a favor y 50 en contra, Morena y sus
aliados consiguieron la aprobación del Plan B de la reforma electoral en el
Senado de la República. La reforma contempla la modificación de 429 artículos
de la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, además de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
Entre las disposiciones aprobadas, destacan la
eliminación de los órganos de profesionalización de servidores del INE, las 300
Juntas Ejecutivas Distritales y la Secretaría Ejecutiva. Estos cambios buscan
reducir los costos de la autoridad electoral y los procesos electorales, así
como limitar las facultades políticas y legales del INE.
Estos cambios han generado gran controversia en la
oposición y la sociedad civil debido a que se les considera un atentado en
contra de la democracia. De igual manera, expertos en la materia coinciden en
que las reformas atentan en contra de la Constitución y fueron aprobadas mediante
un proceso legislativo plagado de inconsistencias.
Por lo anterior, partidos políticos y organizaciones
sociales han anunciado que interpondrán todos los recursos legales posibles
para dar marcha atrás al Plan B. Esto significa que el futuro de las reformas
dependerá de la SCJN, máximo órgano de interpretación constitucional en el
país. Se necesitará el voto de por lo menos 8 ministros de la Corte para
declarar inconstitucionales las modificaciones a la legislación electoral.
Después de que se eligiera a la ministra Norma Piña
como titular de la Corte, existe un ambiente de confianza y certeza respecto a
la autonomía del Poder Judicial, lo cual nos permite pensar que el análisis de
los ministros será objetivo y apegado al Derecho. Asimismo, la demostración
social llevada a cabo el pasado domingo 26 de febrero, que reunió a cientos de
miles de personas en todo el país, dejó en claro el rechazo que hay hacia estas
disposiciones y el respaldo ciudadano que tiene la Corte, el cual es
significativo dadas las presiones que seguramente recibirá del Poder Ejecutivo.
Lo más probable es que la SCJN utilice sus facultades
legales para darle prioridad a la discusión de este tema debido a su
relevancia, por lo que pronto podríamos conocer el desenlace de esta importante
reforma. Independientemente de posturas ideológicas, esperemos que los
ministros protejan nuestro Estado de Derecho y orden constitucional con un
actuar objetivo e imparcial. Aún más importante, ojalá que el interés que ha
demostrado la sociedad sobre este tema no merme en los próximos días pues se
trata de un asunto que tiene el potencial de afectar nuestra democracia,
entonces nos compete a todos involucrarnos.
