Diversos gobiernos de América Latina han expresado su enérgica condena ante el asedio que sufre la embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, donde seis opositores al régimen de Nicolás Maduro permanecen asilados desde marzo de 2024. Los asilados, colaboradores cercanos de la líder opositora María Corina Machado, han denunciado cortes de electricidad y agua, restricciones en el suministro de alimentos y una constante vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
El gobierno de Colombia, a través de su Cancillería, ha instado a Venezuela a respetar el derecho internacional y ha ofrecido su ayuda para resolver la situación de los asilados políticos.
Por su parte, Argentina ha calificado de “intolerables y deplorables” las acciones del régimen de Maduro, especialmente tras la detención del cabo primero Nahuel Agustín Gallo, suboficial de Gendarmería argentina, acusado de espionaje en Venezuela.
La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por la violación de los derechos humanos y la integridad de las sedes diplomáticas en Venezuela. Los asilados han solicitado salvoconductos para abandonar el país, pero hasta la fecha no han recibido respuesta favorable.
La situación se agrava en un contexto de crisis política y humanitaria en Venezuela, con repercusiones en países vecinos como Colombia, que ha recibido a millones de migrantes venezolanos.
