Claroscuro
Todos dijeron que era mejor no tocar el tema. Que la llegada de los agentes de la PGR y los del SAT para detener a un presunto “lavador de dinero” involucraba a demasiada gente y que, por ello, sería mejor voltear a otro lado.
Muchos voltearon, otros que nada tenían que ver se convirtieron en el daño colateral, pero lo que muchos no decían, quizá por no saberlo, es que la llegada de la autoridad hacendaria y la ministerial fue a petición expresa de un político local involucrado no sólo en lavado de dinero sino también en la internación ilegal de autos chocolates por la frontera de Tijuana.
Los que saben, dicen que la llegada expresa en contra del personaje detenido fue porque el político local que lo utilizó por años no sólo cambió de operador por otro en Quintana Roo sino que también sabía que la única manera de no estropear su carrera política era tratando de desviar la atención de su persona.
¿Cuánto cuesta lavar dinero?, ¿cuánto le cobran a un gobierno que necesita facturas para esconder lo que sus funcionarios desvían?, ¿cuánto al empresario que no quiere pagar los impuestos que considera injustos y más si se los roban?
El tema no es nuevo ni va a desaparecer pero queda claro que al ser tan específica la detención sólo habría dos opciones: parar al político que ya pareciera en adelantada precampaña o deshacerse del lastre que podría frenar la carrera política.
Lo cierto del tema es que las detenciones no han sido lo espectaculares que se esperaría ni han tenido la difusión que otras similares si tuvieron. La oficina de prensa de la PGR en Ciudad de México confirmó las detenciones de los empresarios yucatecos Cristina López Ventura y Róger Iván Erosa Encalada, por el presunto delito de evasión fiscal en su modalidad de expedición de facturas apócrifas, una práctica considerada grave y que no tiene derecho a fianza. La pena es de hasta ocho años de prisión, aunque pueden llegar a un acuerdo económico con Hacienda para subsanar el daño fiscal, según da cuenta el Diario de Yucatán.
La parte más complicada es la de las complicaciones políticas porque temas como esto pueden dar al traste a cualquier aspiración política.
En fin, esperemos para ver como evoluciona el tema, pero lo cierto es que hay quienes han pagado hasta el 30 por ciento por las facturas apócrifas y la logística de traslado del efectivo, pero los verdaderos peces gordos de la actividad siguen tan campantes, muchos de ellos protegidos no sólo por políticos sino por gobierno enteros.
ESCUDO YUCATAN
El desalojo de una familia en Chablekal dejó en claro que el Escudo Yucatán no sólo es un tema de dinero sino de mucha capacitación. La manera como se logró hacer valer una orden judicial dejó mucho que desear. En sí, el tema pareciera que fue absolutamente legal pero ajeno a la justicia porque para la población hubo malos manejos y una manera poco clara como se consolidó el desalojo.
Queda claro que las autoridades que estuvieron en el lugar no tuvieron la capacidad para hacer que su trabajo no alborotara a la población, que no tuvieron la delicadeza de ver más allá de lo que el papel decía y tratar de evitar que un tema que debiera ser de todos los días, si hubo apego al derecho, se vuelva la mecha de un conflicto que tiene que ver con el saqueo y la especulación de predios que vivimos y la venta sin vigilancia y especuladora de terrenos ejidales.
Lástima que la autoridad tenga muy claro el Estado de Derecho, pero a la hora de impartir justicia use a la misma ley como excusa.
