El Senado de la República se encuentra en espera de la discusión de la Ley General de Aguas, una reforma que ya ha generado una notable tensión en el ámbito político y social. En medio de este clima de incertidumbre, las autoridades han dispuesto un dispositivo de seguridad, con granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para resguardar el recinto legislativo, ubicado en Reforma e Insurgentes. Este blindaje se debe a la posible llegada de manifestantes, especialmente de organizaciones agrícolas que se oponen a la ley.
La reforma, que busca regular de manera más estricta el uso del agua en el país, ha desatado un profundo rechazo entre varios sectores, en especial los productores agrícolas. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, ha expresado que su partido está preparado para confrontar lo que considera una imposición de la ley por parte del gobierno, sin consultar a los pueblos originarios ni garantizar un diálogo real con las partes involucradas. En su opinión, este proceso legislativo ha carecido de legitimidad y legalidad.
Por su parte, el Senado se prepara para debatir este tema, mientras que los accesos al recinto permanecen restringidos, permitiendo solo el paso de senadores y personal autorizado. A pesar de los esfuerzos por garantizar el orden, el temor a manifestaciones masivas sigue latente, lo que podría alterar el desarrollo de la sesión.
A medida que el debate se aproxima, la tensión política aumenta, y con ella, las expectativas sobre el futuro de una ley que podría redefinir la administración del recurso hídrico en México. Los próximos días serán clave para determinar si se avanza en la aprobación de esta legislación o si se abren nuevas vías de diálogo con los sectores más afectados.
