Por Enrique Vidales Ripoll / @chanboox
Uno de los temas que más ha encendido el debate público es lo que concierne a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el poder legislativo y, que ahora, está en manos de la Presidencia de la República para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Como pocas veces se ha tenido un consenso en contra de una ley no solo en territorio nacional sino también por organismos extranjeros como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El punto es la militarización del país.
Tengamos presente que desde hace poco más de una década el Ejército salió de sus cuarteles para ejecutar operativos civiles. Esto en el marco de la corrupción de las fuerzas de seguridad pública, la ineficiencia en la procuración de justicia y la necesidad de contar con una mejor estrategia para la contención de la delincuencia organizada. Al final se debe reconocer que no hay un resultado efectivo. La lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico ha provocado un desgaste social que vulnera la paz y la armonía, altera el tejido social y destruye la confianza en la institucionalidad.
En nuestro país existen dos fueros, entendiendo como tal el espacio donde se aplican determinados órdenes jurídicos. Por un lado, tenemos el fuero civil al cual estamos sometidos todos los mexicanos; y por otro, el fuero militar, al cual están sujetos los miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de la acción militar. Constitucionalmente las fuerzas castrenses están destinadas a la protección y defensa del territorio y de la soberanía nacional. Por lo cual, la ejecución de las tareas que corresponden a las fuerzas policiacas civiles no son parte de su función o finalidad constitucional. Solo en casos excepcionales como los desastres naturales, se coordinan el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea para atender necesidades apremiantes que las autoridades civiles no pueden fácilmente cubrir.
Esto ha provocado un limbo y una laguna legal en la medida que las fuerzas armadas se han visto involucradas en las acciones de protección civil.
Por lo que se hace necesario dotar de un cuerpo jurídico que fundamente la acción del Ejército en las acciones de protección que le corresponden a la autoridad civil. Esto no implica necesariamente que se esté violentando el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. De hecho, en la actualidad la acción militar en las calles es constituyente de violaciones de los Derechos Humanos al no corresponder a su función constitucional
Esto no significa que la ley recientemente aprobada sea la correcta. En la verdad de los hechos hay situaciones que deben ser analizadas con mayor profundidad y seriedad. Lo que no es posible admitir es la inconveniencia de la ley que debe dar mayor certidumbre a la actuación de las fuerzas armadas. Esto es necesario para darle la estabilidad y certeza a las acciones de seguridad donde intervienen las fuerzas castrenses.
Lo que no se puede perder de vista es el tema de los motivos por los cuales se debe activar un operativo militar. Necesario revisar lo que se debe entender como actos que atenten con la seguridad interior. Pero sobre todo lo que se refiere a la no violación de los Derechos Humanos que es un tema sumamente complicado.
Hoy la decisión está en manos del Poder Ejecutivo. Lo que le queda en el camino a esta ley es la aplicación del derecho de veto por el presidente Enrique Peña Nieto; lo que resulta difícil. Lo más seguro es que termine promulgada y publicada. Lo que conllevaría a otro escenario que sería el uso de la controversia constitucional para quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que le falta mucho para concretarse la aplicación a esta ley por lo cual el debate aún está abierto.
AL CALCE. Mis mejores deseos a todo el equipo que hace posible La Revista Peninsular. Un abrazo al director general, Lic. Rodrigo Menéndez. Extendiendo a los colaboradores y firmantes de artículos. Pero más especial para los lectores que nos brindan la confianza, el tiempo y la reflexión. Muchas felicidades en esta época. ¡Feliz Navidad!
