Por Ivonne Melgar
Como si nos hubiéramos acostumbrado a la ineficacia de las políticas públicas, registramos sin mayores aspavientos sus malos resultados y olvidamos que, detrás de los números del desastre, hay gente que lo padece.
En la portada del martes 5 de abril el periódico de circulación nacional Excélsior destacó: “Trabaja 36.6% de alumnos sin libros de texto completos”.
Era un dato del estudio Primeros Resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Pensé que la nota de nuestra compañera Lilian Hernández se refería a las dificultades de las familias para adquirir algunos títulos. Nunca imaginé que se tratara de los libros de texto gratuito, ese legado de Jaime Torres Bodet.
Mientras leía el reporte, recordé los elogios presidenciales y de los titulares de la SEP a la emblemática Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), con 72 años de historia, descendiente de los mejores anhelos de la Revolución Mexicana.
La oratoria oficial nos ha hecho saber que esos libros fueron la materialización del triunfo editorial de un proyecto ideológico que sintetizó dos principios en el artículo tercero constitucional: el Estado tiene la obligación de impartir la educación básica y su carácter laico estará garantizado en la intransferible tarea de la confección y distribución de los libros de texto.
Rememoré los intensos debates por la actualización del contenido de esos libros en el sexenio de Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo al frente de la SEP.
Esta vez la escandalosa nota no tenía nada que ver con la incorporación de un texto de la masacre del 2 de octubre. Sencillamente era la confirmación de que la aceitada maquinaria de la Conaliteg anda mal, se desajustó o quizá tronó. Y que dejó de ser una presumible plataforma del cumplimiento de un derecho universal.
La conclusión del INEE, que encabeza la destacada investigadora Sylvia Schmelkes, suena a emergencia: Debido a que sólo 63.4% de los alumnos cuenta con un juego completo de libros de texto, “es urgente revisar los mecanismos de distribución de estos materiales a las escuelas”.
El reporte detalló que el problema se agrava donde hay marginación. “Mientras a nivel nacional, seis de cada diez alumnos sí tienen su juego completo de libros, en escuelas comunitarias e indígenas seis de cada diez (58.6 %) no tienen todos los libros, pues viven en localidades dispersas”.
Debido a que la cultura de la evaluación es cosa nueva, surgen preguntas: ¿Desde cuándo es una mentira que los libros llegan a todos los niños? ¿Hubo un tiempo en que sí se distribuyeron completos? ¿O siempre hemos vivido en la ficción?
Puede ser que la Conaliteg sea una de esas leyendas de México, un mito como ese de que el petróleo es de todos. Pero, ¿y la Reforma Educativa qué? ¿Acaso no sirve para mejorar los materiales didácticos? ¿O sólo funciona para poner en cintura al SNTE y a la disidencia magisterial, sin importar la vida real de las aulas?
Algo tendrán que decir las autoridades, creí ilusamente, sobre esta lamentable falla. Pero ni Joaquín Díez-Cañedo Flores, director general de la Conaliteg, ni el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, se dieron por enterados.
Sabemos que no corresponde al secretario Aurelio Nuño Mayer atender de manera directa las fisuras del sistema escolar, así sea un boquete en el reparto de los libros. Claro, al titular de la SEP toca asegurarse que los maestros sean evaluados e impugnar los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador al cambio más importante del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la Reforma Educativa.
Confieso que el silencio del secretario Nuño sobre la ineficiencia en el reparto de los libros me escandalizó. Pero pasados los días terminé por resignarme con la idea de que al menos no recurrió a la salida de descalificar al evaluador, con señalamientos como que el INEE está anquilosado. Así como le pasó a la Cepal cuando la Sedesol le dijo que somos más pobres porque mide mal la pobreza.
Puede ser que le hayan escondido el reporte al titular de la SEP. O que, como pasa con las cada vez más crecientes denuncias de violaciones a derechos humanos en el sector salud ante la CNDH, los funcionarios se hayan acostumbrado a la escasez, al desabasto, al ya no sirve.
O puede ser que, anestesiados por los escándalos de corrupción y de violencia, ellos y nosotros nos seguimos de largo frente a noticias que dan cuenta de la negligencia institucional y el deterioro en la capacidad del Estado para garantizar el bienestar.
Porque entre la Chaponovela, el pleito de la PGR y el GIEI, la contingencia ambiental y los Papeles de Panamá, las desgracias sociales nos pasan desapercibidas.
Y ésa, esa es una doble desgracia: estar viendo y no ver.
