Por: Rogerio Castro Vázquez.
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Con el abandono de la sesión en donde se discutía la
reforma a la Ley Minera en materia de Litio, enviada por el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, el bloque opositor en el Congreso de la
Unión renunció a su principal función parlamentaria: participar en el debate
relativo a la creación de leyes.
Aunque el error más grave que la nación no habrá de
perdonarles es la traición que significó votar a favor de los intereses
extranjeros y en contra de los intereses de la nación, es decir en contra de la
reforma eléctrica.
Se vanaglorian de considerar un “triunfo de la
democracia” por haber sido, desde la tribuna legislativa, un obstáculo para
transitar una reforma constitucional; pero al día siguiente, probablemente
agotados por falta de argumentos, decidieron desertar de lo que la noche previa
habría sido su principal tesis, el uso de la palabra.
Aunque como reza el dicho popular “el que calla otorga”,
la oposición al no presentar ninguna objeción formal -no en la arena de las redes sociales, sino
en el Congreso, nuestro mejor canal democrático- y optar por el silencio, tácitamente le
concedió la razón al proyecto legislativo.
Cierto, las tensiones políticas son comunes en una
sociedad democrática, pero quienes encabezados hoy por el PRIAN (ojo: no fue
PRIMOR) pretenden presentarse como una “oposición parlamentaria”, con sus
ausencias en el debate por la reforma a la Ley Minera, invitan a todo menos a
la reflexión.
Puede o no gustarles, pero lo que no deben olvidar es
que como la misma Constitución -esa que también juraron guardar- dicta la
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, además, todo
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
De forma irresponsable y tratando de confundir a la
población, la oposición ha sostenido que dicha reforma es innecesaria porque la
Constitución, en su Artículo 27, otorga a la nación el dominio directo sobre
los recursos naturales.
Fieles a un guion cargado de falacias argumentativas,
lo que no dicen es que la Ley Minera es una legislación reglamentaria de la
disposición constitucional, esto es, un ordenamiento jurídico que desarrolla y
precisa los preceptos de la Constitución, con el fin de enlazar los conceptos y
construir los medios necesarios para su aplicación.
Debe dejarse claro, la reforma en materia de Litio (o
de cualquier otro recurso natural cuyo uso presente o futuro se considere)
otorga certeza, pero no de cualquier tipo. Dotará a la nación de una certeza
soberana, para darle sentido a la regla constitucional de buscar
primordialmente el beneficio del pueblo en todo momento.
Debo insistir, la ausencia del PRIAN durante el debate
en el Congreso de la Unión solamente lleva a la suspicacia por haber dejado sin
voz a los millones de electores que dicen representar y defender a ultranza y,
sobre todo, indica que ignoran los muros de San Lázaro que al frente reclaman,
“La patria es primero”.
De manera particular y por la experiencia adquirida en
mi paso por la Cámara de Diputados, pienso que las formas legislativas siempre
es mejor tener anticipadamente una herramienta que dote de protección y
certeza, que necesitarla en el futuro y no tenerla.
Al final del día, proteger un recurso natural en
beneficio de la nación de ninguna manera afectará al pueblo, es un acto
patriótico y de amor profundo al país que traerá enormes beneficios a las
futuras generaciones. Sin embargo, no tener la protección con toda seguridad beneficiará
solamente, como en el pasado, a unos pocos y en manos de los intereses
extranjeros. Esto último es el sello del régimen neoliberal.
Proteger de la voracidad de la privatización y otorgar
certeza al Litio es un acto patriótico sin duda, es la manifestación de una
transformación que está sentando las bases para que México siga creciendo, siga
el camino del desarrollo y del bienestar.
Es lo que quieren los mexicanos hoy en día y se puede
medir con los casi 16 millones que se manifestaron el 10 de abril en favor de
que siga la transformación y el 71 por ciento del resto del país que apoya el
gobierno que encabeza el Presidente de la República.
